Informe del estado del ambiente 2022

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Suelo

Ambientes acuáticos

Atmósfera

Biodiversidad

Bosques

Áreas naturales protegidas

Cambio climático

Residuos y Sustancias y Productos Químicos

Actividades Productivas

Herramientas para la gestión ambiental

Informe completo

Ediciones anteriores

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Herramientas para la gestión ambiental

El Estado nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como autoridad de aplicación en la materia, dispone de diversas herramientas para la gestión ambiental en el territorio. Las mismas se clasifican en:

las que hacen referencia a instrumentos de planificación o procedimientos técnico-administrativos (la evaluación ambiental o la educación ambiental);

las destinadas a la gestión de un bioma o componente ambiental (Comité de Montañas, manejo del fuego o iniciativas de gestión local);

las políticas sociales (como la perspectiva de género);

las que hacen referencia a aspectos regulatorios o normativos de contenido ambiental.

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En 2021 se institucionalizó la implementación de esta herramienta de gestión ambiental específica, vinculada con la consolidación del paradigma de la sostenibilidad en los ámbitos de educación formal e informal. La ley tiene por objeto disponer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional. Establece las autoridades de aplicación, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación de la Nación, y la conformación de su principal instrumento, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI), y de la Estrategia Nacional para la Sustentabilidad en las Universidades Argentinas (ENSUA).
En diciembre de 2020 fue sancionada la Ley 27592, denominada ley Yolanda, en homenaje a quien fuera la primer secretaria de Ambiente de Argentina. Mediante la misma se garantiza la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan en la función pública dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La educación ambiental (EA) y la participación ciudadana (PC) conforman componentes transversales y fundamentales de la política pública nacional. Durante el 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible suscribió 127 convenios, con erogación de gastos, con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, cooperativas y organizaciones religiosas.
La evaluación ambiental es un conjunto de herramientas de gestión que permiten la valoración del ambiente para su comprensión y la toma de decisiones informadas con respecto a una iniciativa. En la materia se emitieron 120 certificados a consultoras y consultores individuales y 16 firmas consultoras de Buenos Aires.
Durante 2021 se avanzó en la definición de grandes líneas o ejes de acción en los que se organizará el nuevo programa de ambiente y género del Ministerio y un plan de trabajo (2021-2023). Estas líneas son:
la incorporación de la perspectiva de género y diversidad en el diseño e implementación de las políticas ambientales;
la capacitación y sensibilización,
la promoción de políticas de recursos humanos inclusivas, paridad de género y permanencia de las mujeres y diversidades en el ámbito laboral;
el fortalecimiento de espacios de articulación y a la coordinación de acciones con otros organismos y actores;
Programa Género, Ambiente y Desarrollo (GAD) (Resolución 721/2014).
La definición de montaña se ha actualizado en 2021, destacándose que Argentina es el primer país de la Iniciativa Andina de Montaña (IAM) que cuenta con una definición propia. Argentina tiene 825.671 km2 de zona montañosa que se distribuyen en 18 jurisdicciones, lo que equivale al 29,54 % de la superficie total.
La Ley General del Ambiente 25675 considera, en su artículo 8, a este ordenamiento como uno de los instrumentos de política y gestión ambiental, que a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) deberá considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre si, y de éstos con la administración pública (Artículo 9).
El territorio nacional está comprendido por provincias con un elevado porcentaje de población en zonas urbanas, que en muchos casos oscila entre el 90 % y el 100 % de sus departamentos. A través del proyecto Casa Común, el Ministerio de Ambiente nacional gestiona convenios conjuntos, brinda asistencia técnica y financiera a gobiernos locales y organizaciones comunitarias para la realización de proyectos ambientales con impacto social. En el 2021 la cantidad de convenios se duplicó respecto de 2020.
El Programa de Reconversión Industrial (PRI) es una herramienta de gestión que vincula a los sectores públicos y privados en la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental. Su implementación se realiza a través de planes de actividades específicos desarrollados para cada empresa, utilizando estrategias tales como:
• la optimización de procesos y operaciones;
• la mejora de eficiencia en el uso de energía y recursos materiales,
• el mejoramiento, incorporación y optimización de técnicas de tratamiento de efluentes y emisiones;
• las mejoras en los sistemas de gestión integral de corrientes residuales;
• la implementación de sistema de gestión ambiental y acciones de responsabilidad empresaria.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) es responsable de coordinar el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF). Este último, está conformado por el propio SNMF, la Administración de Parques Nacionales, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está a cargo de las acciones de manejo del fuego en todo el país mediante la articulación, coordinación, capacitación y generación de información para la prevención y planificación en la materia. En 2021, según los reportes de las jurisdicciones al SNMF, se redujeron aproximadamente 70 % de las áreas afectadas por incendios forestales en relación a 2020, siendo este el año en que se registró la menor cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales de los últimos cinco. A partir de la creación de un fideicomiso con alícuota de las pólizas de seguros (Ley 26815), se incrementó el financiamiento del SNMF en $ 2.640 millones. Dicha suma se añadió al presupuesto 2021, que contempló para el área $ 418 millones, por lo que la inversión total ascendió a más de $ 3.000 millones.

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Residuos Peligrosos

En Argentina la gestión de los residuos peligrosos se encuentra establecida por la Ley 24 051, el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y el Convenio de Mimanata sobre el Mercurio. La Ley 24 051 regula los residuos peligrosos definidos en su artículo 2, incluyendo los patológicos. Esta norma se aplica cuando hay una actividad interjurisdiccional (entre provincias desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a otra provincia) o en una jurisdicción nacional. Esta no es una ley de presupuestos mínimos, por lo que cada provincia tiene la facultad de tomar igual criterio que Nación o regular la gestión de los residuos peligrosos de manera diferente.

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Provincia receptora de los residuos peligrosos, excluyendo Y1, en porcentaje. 2022.

En el marco de la mencionada ley, la distribución entre las entradas y salidas de residuos peligrosos por jurisdicción, exceptuando la categoría Y1, del año 2022 es de aproximadamente de 143 816,30 toneladas. Se observa que, en relación a las jurisdicciones preponderantes en materia de recibimiento de residuos peligrosos, excluyendo Y1 (residuos patogénicos o patológicos), lidera la provincia de Santa Fe con un aproximado de 59 % de peso sobre el total generado, siguiendo la provincia de Córdoba con 16 % y la provincia de Neuquén con 11 %.
Destino de los residuos Y1 para su tratamiento, según los registros de movimientos interjurisdiccionales, en toneladas, 2022.

Con respecto a la gestión de los residuos patogénicos o patológicos (Y1), se registraron las entradas y salidas interjurisdiccionales de aproximadamente 31 138,66 toneladas, siendo la provincia de Buenos Aires el principal destino.
Cantidad de operadores durante el periodo 2016-2022.

El Registro Nacional de los Operadores de la Ley 24 051 solo alcanza a aquellos que reciben los residuos de otras jurisdicciones para su tratamiento. Durante el período 2020-2022 este sector fue creciendo. Es dable recordar que, durante el año 2020 producto de la emergencia sanitaria COVID-19, hubo recortes de actividades productivas, lo cual generó un leve descenso en dicho año de los registros de operadores.
Residuos tratados según tipo de operación de eliminación, en toneladas. 2022.

El anexo III de la Ley 24 051 establece las operaciones “de eliminación” que pueden conducir a la recuperación del recurso, el reciclado, la regeneración, reutilización directa y otros usos, conocido como proceso de valorización, pero en algunos casos pueden no conducir a dicho proceso y por lo tanto proceder a su destrucción y disposición final. En Argentina, en 2022 se trataron un total de 149 335,89 toneladas de residuos peligrosos en interjurisdicción, siendo la destinación de los residuos peligrosos a disposición final un aproximado de 85.197,35 t en comparación de 64 138,53 t que derivaron a una operación de valorización.
Operaciones de residuos peligrosos habilitadas por jurisdicción. 2022.

Las operaciones mencionadas se distribuyen en nuestro país en variadas jurisdicciones donde se encuentran las empresas de tratamientos, responsables de recibir los residuos peligrosos de todo el territorio nacional y de proceder con los tratamientos correspondientes según el tipo de residuo. Vale mencionar que algunas provincias cuentan con prohibición de tratamiento de los residuos peligrosos.
Eliminación de residuos contaminados con PCB por tipo de tratamiento, en toneladas, 1994-2022.

En el marco del Convenio de Estocolmo y la Ley 25 670 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión y Eliminación de PCB, en particular del Programa Nacional de Gestión Integral PCB (que tiene por objetivo eliminar las existencias de estos residuos a más tardar al 2028), Argentina ha tratado y eliminado más de 56 mil toneladas de residuos contaminados con PCB.
Gestión de residuos de pilas y baterías en el marco de la Ley 24 051, en toneladas. 2022.

En el Plan de Acción MERCOSUR sobre Sustancias y Productos Químicos Peligrosos (2021-2024) para estos tipos de residuos se tiene un particular tratamiento, especialmente sobre gestión de baterías plomo-ácido usadas, de la cual se destacaron la importancia de la cooperación internacional para permitir que los Estados parte alcancen sus objetivos de desarrollo sostenible (véase también en la sección 3). Estos tipos de residuos se generan, por un lado, por el desmontaje y segregación de componentes de aparatos eléctricos y electrónicos, pero también de la generación de utilización de vehículos. En 2022, el SIMEL relevó el tratamiento de un total de 17 822,64 toneladas, considerando las diversas variedades (Resolución 263/2021), incluidas las pilas con mercurio.

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Energía

El sector energético se caracteriza por su transversalidad, es decir, por atravesar distintos ámbitos que atañen al desarrollo de un país. Todas las decisiones que se toman en la materia confluyen en garantizar el abastecimiento en condiciones de calidad y seguridad al menor costo posible con un horizonte de largo plazo. Actualmente, el sector energético enfrenta grandes desafíos como ser una demanda creciente debido al crecimiento de la población y una mayor intensidad del uso de la energía eléctrica. A esto se suma el interés por encarar un proceso de transición energética motorizado por el impacto del cambio climático. En ese sentido, a partir de los compromisos asumidos por nuestro país producto de la adopción del Acuerdo de París en el año 2015 a través de la Ley 27.270, se propicia la ejecución de medidas en línea con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre estas pueden señalarse el fomento a las energías renovables, la promoción de energía hidroeléctrica y nuclear, la mejora en la eficiencia del parque térmico basado en la utilización de gas natural y el desplazamiento de combustibles líquidos, la incorporación de biocombustibles entre otras. En suma, la planificación que lleva adelante el Estado nacional para vehiculizar las condiciones de prestación del servicio actuales y futuras tiene como principios rectores la inclusión, el dinamismo, la estabilidad, el federalismo, la soberanía y la sustentabilidad ambiental.

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Consumo final de energía según forma de aprovisionamiento, 2022.

Argentina es un país extenso con gran abundancia de recursos naturales. Esto le permite tener una matriz energética diversificada entre las distintas fuentes de energía primaria: hidráulica, eólica, solar y aquella proveniente de los combustibles fósiles. En términos de consumo final, el principal consumidor de energía es el sector transporte que representa el 32 % de la energía total (a partir de la utilización de combustibles líquidos mayormente), seguido por el sector residencial y el de la industria con un 27 % y 22 % respectivamente (que utilizan principalmente energía eléctrica y gas natural por red).
Generación hidroeléctrica en Argentina, en GWh, 2005-2022.

En lo que respecta al segmento generación eléctrica, existe una preponderancia de las centrales térmicas a partir del uso de gas natural principalmente En los años 2020 y 2021 exhibieron una oferta hidráulica muy baja debido a la emergencia hídrica que atravesó el país. Si bien durante el año 2022 no se recuperaron los niveles históricos promedio, hubo una marcada mejoría en la situación.
Generación renovable por tipo de tecnología, 2022.

La generación de fuentes renovables logró un notable crecimiento, con un incremento interanual de 36,9 % y 10,9 % respectivamente.
Potencia y generación de energía a partir de fuentes renovables en Argentina, 2022.

Los parques eólicos tienen una presencia preponderante en términos de potencia instalada y de generación dentro de las fuentes renovables. Por la disponibilidad del recurso, dos provincias concentran el 73 % de la potencia instalada a diciembre 2022: Chubut y Buenos Aires. En promedio, el 35,7 % de la demanda eléctrica del país fue abastecida por fuentes renovables durante el año 2022, mientras que en el año 2021 había cubierto el 31 %.
Demanda eléctrica por categoría en Argentina en GWh, 2021 y 2022.

El consumo registró un aumento interanual de la demanda interna del 3,6 % encabezada por el incremento del consumo comercial que creció en el año 2022 un 5,1 % respecto al año 2021. El sector residencial sigue siendo el principal demandante de energía eléctrica, con el 46 % de la demanda interna total.

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Sustancias y productos químicos

Existe una diversidad de sustancias y productos químicos en el ambiente —tanto de origen natural como antropogénico— que son constituyentes de materiales, productos y artículos y que pueden encontrarse u utilizarse en la vida diaria. La industria química es esencial para nuestras vidas. Permite, por ejemplo, el acceso al transporte, a través de combustibles; así como el desarrollo de energías renovables para continuar con la fabricación de compuestos de alto contenido tecnológico y de vanguardia, pero con un menor impacto en nuestro ambiente. La misma está en constante crecimiento y es esencial en la producción de alimentos, productos farmacéuticos, equipamiento de protección personal, manufactura de desinfectantes y sanitizantes; también se encuentra presente en la comunicación, ya que con los insumos de la industria química se fabrican los monitores, los circuitos eléctricos, e incluso los plásticos de los que están hechos los aparatos eléctricos. En definitiva, los productos químicos son fundamentales para la vida moderna y juegan un rol muy importante en el cambio de paradigma productivo de cara a una economía circular y a un desarrollo sostenible.

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Principales productos químicos con una producción o consumo aparente superior a las 50 000 toneladas anuales en Argentina, en toneladas, 2022.

Los productos de la industria química son necesarios para el 90 % de los procesos de manufactura, siendo uno de los sectores más importantes dentro de la industria nacional, representando el 12 % de la industria manufacturera local y el 4 % del PBI. El sector genera 37 000 empleos y, de acuerdo a un informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica publicado en junio de 2022, las ventas locales registraron un incremento del 30 % respecto a junio del 2021, registrándose en ese mismo período un alza del 13 % en la producción. Además, las exportaciones lograron un crecimiento interanual del 46 %, siendo la segunda industria química y petroquímica a nivel regional. A nivel mundial tiene una participación del 0,9 % en las ventas de la industria química. (Cámara de la Industria Química y Petroquímica— CIQyP—, 2023). A su vez, de acuerdo al mencionado informe, las PyMIQ (Pequeña y Mediana Industria Química) mostraron crecimiento acumulado tanto en ventas locales como exportaciones, alcanzando una variación del 23 % y del 27 % respectivamente.
Ubicación de los principales polos industriales con relevancia en la producción y uso de sustancias y productos químicos en Argentina, 2022

Los sectores que utilizan intensivamente las sustancias y productos químicos pueden dividirse en 7 grupos: vivienda, nutrición, movilidad, bienes de consumo, servicios, cuidado de la salud y comunicaciones. Estas sustancias y productos químicos son utilizados para el desarrollo de bienes y servicios, encontrándose en todo lo que se requiere para el normal desarrollo de la vida cotidiana, por lo que es importante su control y uso adecuado. En nuestro país se localizan varias áreas y polos químicos y petroquímicos, ubicados en: Río Tercero, Puerto General San Martín, Campana-San Nicolás, Gran Buenos Aires, Ensenada, Plaza Huincul, Bahía Blanca y Luján de Cuyo.
Producción de productos químicos básicos e intermedios en Argentina, en toneladas (2010-2022).

En la fabricación de bienes de consumo y otros productos químicos se utilizan sustancias y productos químicos orgánicos e inorgánicos como materias primas e intermediarios. Entre los productos químicos orgánicos básicos se incluyen el metanol, las olefinas (tales como etileno y propileno) y los aromáticos (tales como xilenos, benceno y tolueno). Los productos químicos inorgánicos contemplan ácidos y bases, sales, gases industriales y elementos como los halógenos.
Distribución del volumen de producción de plástico en Argentina, por provincia. 2021.

La industria plástica representó aproximadamente el 1,3 % del PBI y el 10,2 % del PBI industrial en Argentina del año 2021 (Anuario Estadístico de la Industria Plástica, actualización 2021). Existen 2750 pymes dedicadas a la industria plástica distribuidas por todo el país que generan más de 50 000 puestos de trabajo, siendo más del 70 % empresas con menos de 10 trabajadores. La mayoría de las industrias se encuentran en el AMBA: 60,4 % en el Gran Buenos Aires y 16,8 % en CABA. En Argentina se consumen 1,8 millones de toneladas de productos plásticos por año con un promedio de alrededor de 40 kg por habitante. Actualmente se producen unos 1,255 millones de toneladas de plástico por año y se exportan unas 805 000 toneladas de materias primas plásticas y 86 000 toneladas de productos semielaborados y terminados de plástico.
Distribuciones de las emisiones y liberaciones de dioxinas y furanos por vector de emisión, en porcentaje. 2017.

En cualquiera de las etapas de la cadena de valor de los procesos productivos, las sustancias pueden ser liberadas al ambiente en forma de emisiones al aire o como descargas al agua y al suelo. Esto se puede dar de manera intencional o no intencional, siendo algunas fuentes de datos poco confiables que deben ser ponderados correctamente, como los medios de transporte, la quema de pastizales, los incendios forestales o la disposición inadecuada de residuos. También pueden ocurrir emisiones y liberaciones involuntarias como derrames y accidentes. El MAyDS realiza y revisa periódicamente inventarios de emisiones y liberaciones de ciertas sustancias de interés ambiental. En particular, se encuentra actualizando los inventarios para las dioxinas y furanos y para el mercurio, en el marco de los Convenios de Estocolmo y Minamata. Los datos del último inventario publicado se encuentran en el Informe del estado del ambiente 2021.
Síntesis de los principales acuerdos internacionales suscritos por Argentina en relación a las sustancias, productos químicos y desechos.

Los convenios internacionales sobre productos químicos y desechos tienen por objetivo principal proteger la salud y el ambiente mediante la minimización y eliminación de las emisiones y liberaciones de sustancias peligrosas al ambiente, garantizando su gestión adecuada. Argentina ha aprobado y ratificado un conjunto de tratados que abordan diversos aspectos de la gestión de estas sustancias peligrosas a lo largo de las distintas etapas de su ciclo de vida, desde su producción y comercio, hasta su uso y disposición final.

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Ambientes acuáticos

El agua es un elemento imprescindible para la vida, para el sostenimiento de la biodiversidad y para la realización de actividades productivas. De su disponibilidad en cantidad, calidad y oportunidad depende la salud de los ecosistemas. Los ecosistemas relacionados con el agua incluyen tanto los ambientes marinos y costeros como los ecosistemas acuáticos continentales, tales como glaciares, humedales, ríos, lagos y acuíferos, entre otros. Todos pueden verse afectados por impactos derivados de diversas actividades antrópicas. En el caso del ecosistema marino, provee importantes bienes y servicios ecosistémicos, como, por ejemplo, la regulación climática, la provisión de alimentos y entre el 50 y el 85 % del oxígeno atmosférico. Por su parte, los humedales son ecosistemas caracterizados por la presencia, temporal o permanente, de agua y contribuyen de modo decisivo al bienestar humano por ser fuentes de agua, mitigar sequías e inundaciones, suministrar alimentos, albergar biodiversidad y almacenar carbono, entre muchos otros servicios ecosistémicos. En cuanto a reservas de agua en estado sólido, Argentina se sitúa en el segundo puesto en Sudamérica con mayor cobertura glacial, siendo este un componente crucial del sistema hidrológico de montaña reconocido como una reserva estratégica de agua de la que dependen la mayoría de las economías del oeste del territorio nacional.

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Cuencas hídricas provinciales e interjurisdiccionales de Argentina, 2022.

Nuestro país cuenta con unas 92 cuencas hídricas (la delimitación de cuencas está en permanente actualización), de las cuales un 75 % corresponde a cuencas interjurisdiccionales (interprovinciales o internacionales) mientras que el 25 % restante están íntegramente ubicadas dentro de una única provincia. De las cuencas interjurisdiccionales, casi un 75 % se encuentran dentro del territorio nacional y el 25 % restante son cuencas compartidas con países fronterizos.
Sitios de muestreo de la zona costera del Río de la Plata, muestreos realizados por la RIIGLO, 2022.

Durante el año 2022, y como se viene haciendo desde 2004, la Red de Intercambio de Información de los Gobiernos Locales (RIIGLO) constituida por los diez gobiernos locales de la Franja Costera Sur del Río de la Plata (nueve municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), realizaron las cuatro campañas estacionales del año. Dichas campañas son coordinadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la toma de muestra la realizan los técnicos de cada municipio costero (Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, CABA, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Ensenada y Berisso) el mismo día por la mañana en 41 sitios a lo largo de más de 100 km de costa. Los análisis de dichas muestras se realizan en los laboratorios de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y de la Autoridad del Agua (ADA).
Parámetros determinados en los sitios de Monitoreo para calcular el ICA, 2022.

Se determinaron 22 parámetros en cada sitio de monitoreo para cada campaña y se calculó un Índice de Calidad de Agua (ICA) estacional y un Índice de Calidad de Agua Anual que da cuenta del estado del agua costera del Río de la Plata. Los resultados de las cuatro campañas anuales para los 41 sitios muestreados de la Red RIIGLO pueden verse en la sección Datos del CIAM, sección ‘Aguas’ y ‘Calidad’ (https://ciam.ambiente.gob.ar).
Cuenca del río Salí-Dulce, 2021.

La cuenca del río Salí-Dulce es una de las 96 cuencas hidrográficas de la Argentina, siendo una de las 14 que cuenta con una organización específica: el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del río Salí-Dulce. Esta área de terreno constituye una amplia región de alrededor de 50.153 km2 que abarca parte del territorio de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba Salta y Catamarca. Alberga 2.500.000 de habitantes que se sirven de sus aguas para consumo humano, recreación, riego, vertido de desechos y generación de energía. Son muchos los impactos que la actividad antrópica genera en esta cuenca y en mayor medida sobre el río Salí, principalmente en la calidad de sus aguas. Se destacan los residuos de la industria azucarera, las destiladoras de alcohol, las actividades citrícolas y frigoríficas, la generación de RSU, cloacales, patogénicos, la actividad de papeleras, textiles, efluentes mineros, agricultura, ganadería, actividades de servicios, entre otras
Mapa de regiones de humedales de Argentina.

La gran extensión de nuestro territorio y su complejidad geográfica y ambiental determinan la presencia de una gran abundancia y diversidad de humedales que incluyen lagunas, arroyos, mallines, turberas, bosques fluviales, ambientes intermareales, esteros y bañados, entre otros. En el marco del proceso para el desarrollo del Inventario Nacional de Humedales se han identificado y caracterizado 11 regiones de humedales de Argentina que reflejan la variedad de tipos de humedales presentes en nuestro país y el papel fundamental que juegan en términos de los servicios ecosistémicos que proveen.
Sitios Ramsar de la Argentina, por superficie, ubicación y año de designación. 2022.

La Argentina cuenta con 23 sitios designados Humedales de Importancia Internacional o sitios Ramsar en el marco de la Convención sobre los Humedales. La administración de estos sitios se encuentra a cargo de las jurisdicciones provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Administración de Parques Nacionales, según corresponda. Las R-METT de 2021 indicaron que las amenazas más importantes y frecuentes en los mismos son: presencia de plantas invasoras exóticas, incendios, amenazas derivadas de las actividades recreativas y turísticas, cambios hidrológicos, amenazas derivadas de la ganadería y el pastoreo, animales invasores exóticos, basura y desechos sólidos, amenazas derivadas de la existencia de viviendas, asentamientos, rutas y ferrocarriles dentro del sitio, cambio climático, aguas residuales domésticas y urbanas procedentes del exterior del sitio, extracción/desviación de agua en el sitio o en la cuenca, destrucción del patrimonio cultural
Cantidad, tipo y área de glaciares por provincia. 2018

El cambio climático y, en particular, el aumento de la temperatura global afecta a los glaciares de todo el mundo, generando retrocesos de estos cuerpos de hielo debido al derretimiento glacial, con consecuencias para el ambiente y la población en general. Argentina ocupa una posición importante a nivel mundial debido a que es el segundo país con mayor superficie englazada del hemisferio sur, exceptuando Antártida. Gracias a la Ley 26 639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, y, debido a que el 80 % de los glaciares se encuentra en áreas protegidas tanto nacionales como provinciales, se puede decir que nuestro país se encuentra en una posición de privilegio en materia de protección de este valioso recurso. Por su parte, en 2018 se publicó el Inventario Nacional de Glaciares (ING) que permitió responder a interrogantes acerca de ubicación, cantidad y superficie de glaciares de Argentina.

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Biodiversidad

La diversidad biológica es el resultado de miles de millones de años de evolución, impulsada por procesos naturales en los que todos los organismos vivos interactúan en diferentes niveles de organización biológica a través de complejas redes ensambladas. Este entramado multidimensional, interdependiente y complejo constituye un sistema dinámico que también está siendo moldeado por la creciente influencia de la actividad humana. Priorizar el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad como los ecosistemas, las especies y los genes es una estrategia fundamental para conservar y garantizar la salud y el funcionamiento de los ecosistemas. Esta acción es clave para asegurar la supervivencia de todas las formas de vida, incluyendo la de los seres humanos. Los ecosistemas saludables y diversos proveen una amplia gama de servicios ambientales esenciales para la sociedad. Asimismo, salvaguardan la calidad de vida y la de las generaciones futuras.

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Categorías del estado de conservación de mamíferos autóctonos de Argentina, en porcentaje, según Resolución MAyDS 316/21.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), en su carácter de autoridad de aplicación, realiza periódicamente la revisión y actualización de categorías de diferentes grupos taxonómicos. Los mamíferos representan el grupo con mayor porcentaje de especies amenazadas. De las 395 especies que habitan suelo argentino, casi la cuarta parte (24,8 %) se la clasificó en alguna categoría de amenaza. Entre las principales amenazas se encuentran la pérdida, la degradación y la fragmentación del hábitat, aunque no son menores otras como atropellamientos en rutas, caza ilegal y tráfico, presencia de perros asilvestrados, incendios, interacción con especies exóticas invasoras, reducción de presas, enfermedades y pesca incidental en especies marinas.
Categorías del estado de conservación de reptiles de Argentina, en porcentaje, según Resolución SAyDS 1055/2013.

En Argentina, la herpetofauna autóctona está representada por 175 taxones de anfibios, 246 de lagartijas, 10 de anfisbenas, 136 de serpientes, 14 de tortugas y 2 de caimanes. De acuerdo con la última categorización, el 33,3 % de los reptiles se encuentra bajo alguna categoría de amenaza (“en peligro” 2,45 %, “amenazada” 6,86 % y “vulnerable” 24,02 %), siendo las más amenazadas las serpientes y las lagartijas con el 36 % y el 30,5 % respectivamente. Otras 49 especies de reptiles (12,25 %) no contaron con información suficiente para ser categorizadas.
Categorías del estado de conservación de anfibios de Argentina, en porcentaje, según Resolución SAyDS 1055/2013.

Por otro lado, el país alberga la décima fauna más grande de taxones de anfibios considerando los 40 países incluidos en la región neotropical y se encuentra entre los quince países que superan las 100 especies en esta región. No obstante, 51 especies de anfibios autóctonos (29,14 %) se encuentran en alguna categoría de amenaza (“en peligro” 4,57 %, “amenazada” 6,29 % y “vulnerable” 18,29 %). Otras 21 especies (12 %) son insuficientemente conocidos para ser categorizadas. Entre las principales causas del declive de las poblaciones de anfibios y reptiles se destacan la pérdida y destrucción del hábitat debido al avance de la frontera agropecuaria, la deforestación, la contaminación, los incendios, el impacto de especies invasoras, la utilización particularmente para el consumo humano y el comercio como mascotas, las enfermedades y patógenos, y los desastres naturales. (AHA, 2012; Res. SAyDS 1055/2013; Vaira et al., 2018).
Categorías del estado de conservación de aves de Argentina, en porcentaje, según Resolución MAyDS 795/17.

La Argentina cuenta con 1033 especies de aves silvestres. De acuerdo a la última categorización según su estado de conservación, la mayoría de estas, 734 (71,06 %), se encuentran categorizadas como no amenazadas, mientras que 107 especies (10,3 %) se encuentran en alguna categoría de amenaza de extinción: 18 “en peligro crítico” (EC), 54 “en peligro” (EN) y 53 “amenazadas” (AM) (MAyDS, et al., 2017). Las dificultades en la conservación de la avifauna argentina son variadas y abarcan desde la introducción de especies exóticas invasoras hasta la caza furtiva de algunas aves. Sin embargo, la principal causa que afecta a casi todas las especies es la pérdida y degradación de su hábitat natural. Contar con datos obtenidos a campo es crucial para monitorear las tendencias poblacionales y comprender el estado de situación de las especies amenazadas. Aunque existe un buen nivel de conocimiento sobre estas tendencias, en ciertos casos la información aún es insuficiente o limitada para varios grupos de aves que revisten importancia.
Restos de algunos de los ejemplares (carcazas) afectados por los incendios en el Parque Nacional Iberá.

Durante el período estival de 2022 el territorio nacional experimentó una ola de calor excepcional en términos de magnitud y duración. En la provincia de Corrientes se produjeron incendios que se extendieron por gran parte del territorio provincial. Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional, la región de Iberá experimentó lluvias por debajo del promedio durante los últimos meses del año 2021. Estos patrones climáticos se mantuvieron a principios de 2022 y contribuyeron a la propagación de los incendios, que afectaron más de un millón de hectáreas en la provincia (Saucedo et al., 2023).
Cantidad de ejemplares muertos en relación a la distancia de la transecta de origen, 2022.

El registro de restos de ejemplares (carcazas) se realizó en cuatro áreas quemadas: Cambyretá, San Nicolás, Carambola y Laguna Iberá, cubriendo un total de 176 transectas recorridas a pie (aproximadamente 165 km lineales) y una superficie aproximada de 1482 ha recientemente quemadas. Los datos recolectados fueron procesados y analizados para estimar el número de ejemplares afectados o muertos por los incendios, utilizando métodos de distancia (transectas lineales y puntos de conteo). Los registros se agruparon según el tamaño de los ejemplares y el taxón analizado. La mayoría de restos de animales se detectaron a una distancia menor a 20 m de la línea central de la transecta
Ejemplares muertos por grupo taxonómico, en porcentaje, 2022.

De los ejemplares hallados de reptiles registrados, el 92 % estuvo representado por reptiles pequeños: lagarto (Aspronema dorsivittata), culebra verde (Erythrolamprus jaegeri), ñanduriré común (Dipsas turgida), culebra acuática overa (Helicops leopardinus), culebra pico verde (Leptophis ahaetulla), entre otros, mientras que el 8 % restante por reptiles grandes: yarará (Bothrops alternatus), yacaré negro (Caiman yacare) y lagarto overo (Salvator merianae).
Playa Fracasso, sitio Ramsar Humedales de Península Valdés, Chubut, 2014. / Petrel gigante (Macronectes giganteus) en Isla de los Estados, Tierra del Fuego, 2018.

La plataforma continental argentina es de las más amplias del mundo (más de 6 500 000 km2) con un mar con alta productividad, lo que hace a esta región marina un refugio de importancia para gran variedad de especies marinas únicas en sus características. La zona costera se extiende por aproximadamente 4500 km y presenta una alta variabilidad geomorfológica y climática que mantiene una biodiversidad de relevancia global. Como parte de esta, se destacan grandes colonias de aves y mamíferos marinos, áreas de cría de cetáceos, sitios para el descanso y alimentación de aves migratorias, áreas de concentración reproductiva de peces y crustáceos, praderas de algas, y bancos submareales de moluscos. La mayor parte de la biodiversidad marina se encuentra integrada por especies que habitan los fondos oceánicos, en su gran mayoría invertebrados. También está conformada por organismos planctónicos (fito y zooplancton), peces óseos y cartilaginosos, aves, mamíferos y reptiles. La mayor productividad del océano está asociada al fitoplancton que es el sostén principal de las redes alimentarias del mar.

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Minería

En Argentina la producción minera sienta sus bases en una gestión sostenible de los recursos minerales mediante la aplicación del marco normativo nacional y estándares ambientales, sociales y laborales, garantizando el desarrollo de las comunidades locales y minimizando los impactos negativos en el entorno natural y cultural. La gestión sustentable de los recursos minerales y de los metales contribuye de manera significativa al logro de los ODS, tal como lo reconoce la Resolución 4/19 sobre la Gobernanza de los Recursos Minerales de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, la cual remarca la importancia de la minería para producir las tecnologías limpias necesarias para combatir el cambio climático. El escenario de calentamiento global que enfrenta el mundo demanda un proceso de transición energética que requiere un crecimiento del sector minero, poniendo a la Argentina frente a una gran oportunidad, gracias a su importante dotación de recursos minerales para proveer litio, cobre y otros minerales esenciales para el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento y almacenamiento de las energías solar y eólica. El desarrollo minero argentino, tiene como requisito indispensable preservar los servicios ecosistémicos y reducir la huella ambiental en todas sus etapas, contemplando los escenarios planteados por el cambio climático y la aplicación de prácticas de economía circular.

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Participación relativa de las exportaciones mineras argentinas por tipo de mineral. 2022.

En 2022 el valor de las exportaciones del sector minero totalizó 3857 millones de dólares (FOB). Dentro de las exportaciones totales mineras y de sustancias derivadas se reconoce una participación de más del 94 % a tres minerales (oro, plata y litio).
Valor de las exportaciones argentinas totales, por rubros, en millones de dólares, 1992-2022.

El desarrollo de la actividad minera en Argentina durante los últimos 30 años ha presentado una evolución creciente y alentadora. Pese a la disminución de las exportaciones totales mineras producto de los efectos del COVID-19, el sector ha recobrado niveles que supera los niveles previos a la irrupción de la pandemia.
Operaciones y proyectos avanzados de minería metalífera, 2022

La Argentina cuenta con una gran cantidad de proyectos de cobre, hierro, oro, plata y zinc en diversas etapas de avance. En la actualidad, 15 proyectos de minería metalífera de oro y plata se encuentran en estado de producción. Estos yacimientos se distribuyen en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. En doce establecimientos el principal metal explotado es el oro, acompañado con plata en siete de los casos. En otros tres establecimientos el producto principal es la plata, siendo coproducto el oro en todos los casos.
Operaciones y proyectos avanzados de litio y potasio, 2022.

Las operaciones de producción de litio en el país durante el 2022 fueron dos y están localizadas en la provincia de Catamarca y en la provincia de Jujuy. Para el caso del potasio los depósitos más importantes de Latinoamérica se localizan en la cuenca Huitriniana, ubicada en las provincias de Mendoza y Neuquén.
Establecimientos mineros no metalíferos y rocas de aplicación, según destino principal de la producción, 2022.

Esta actividad se desarrolla en las 23 provincias del país, concentrándose cerca del 50 % del valor de producción en las provincias de Buenos Aires y Córdoba (CENAM 2017, INDEC). La clasificación de estos productos se efectúa según su uso económico en: agrominerales, rocas y minerales para la construcción, minerales industriales y rocas de aplicación.

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Cambio climático

Desde la Revolución Industrial se han incrementado exponencialmente las actividades antrópicas vinculadas con la quema de combustibles fósiles, los procesos industriales, la generación de residuos urbanos, la agricultura, la ganadería y la deforestación, provocando un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, lo cual ha reforzado el efecto invernadero natural y contribuido al calentamiento global. Estos cambios provocan alteraciones en los ciclos naturales que regulan las variables climáticas principales, como la temperatura y las precipitaciones, modificando los patrones climáticos a escala global. La contribución histórica de los países a este fenómeno ha sido muy diferente, asimetría que hoy se mantiene. En la actualidad, Argentina contribuye con el 0,7 % de las emisiones globales y Latinoamérica en su conjunto con el 8 %. Argentina está comprometida con la acción climática como quedó demostrado con la presentación en 2020 y actualización en 2021 de la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (2da NDC) y con la presentación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030 (PNAyMCC) y de la Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones al 2050 (ELP) en 2022. La 2da NDC es un 27,7 % más ambiciosa que la presentada en 2016 y resulta en una disminución total del 21% de las emisiones hacia 2030 en comparación con el máximo histórico de emisiones alcanzado en el año 2007.

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Línea de tiempo de hitos internacionales de Argentina en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 2022.

Para enfrentar el cambio climático, la República Argentina ha ratificado varios convenios y acuerdos internacionales en materia climática.
Distribución sectorial de las emisiones de GEI, en porcentaje, 2018.

En Argentina se encuentra todavía vigente la meta de mitigación formalizada ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 2021 e informada en el Informe del estado del ambiente (IEA) 2021: “no exceder la emisión neta de 349,16 MtCO2e en el año 2030. Meta que, en cumplimiento con el artículo 4.4 del Acuerdo de París, es absoluta, incondicional y aplicable a todos los sectores de la economía (MAyDS, 2020). En cuanto a las emisiones de GEI nacionales, el Cuarto Informe Bienal de Actualización (BUR, por su sigla en inglés) presenta los resultados del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) para el año 2018, que presenta además de las emisiones totales para ese año, su distribución por sector y tipo de gas.
Emisiones de GEI por subsector, 2018.

La desagregación por subsector responde a los procesos que originan emisiones y absorciones. Se muestra una versión simplificada del inventario de GEI para mejorar la comprensión sobre esta distribución y mostrar los aportes más relevantes en cuanto a volumen de emisiones en términos de balance neto. La participación de cada subsector es dinámica a lo largo del tiempo; sin embargo, se destacan los subsectores de ganadería, transporte, generación de electricidad y en el cambio en el uso del suelo y silvicultura, por ser los subsectores con actividades más influyentes en el balance final de emisiones y absorciones.
Diagrama de distribución por uso final, 2018.

Se analizó también la relación entre las fuentes de emisión de GEI de cada sector con las actividades consumidoras de los productos y servicios provistos por dichas fuentes. Los resultados de este análisis permiten observar las transferencias más relevantes dentro de los sectores de la economía argentina a partir de la distribución de las emisiones según su uso final. Esto es fundamental para identificar claramente las competencias de los sectores económicos junto con el potencial de mitigación sectorial.

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Suelo

El suelo es un recurso natural no renovable con alta actividad biológica, que alberga una cuarta parte de la biodiversidad de nuestro planeta, esencial para su salud y su productividad. Asimismo, es un recurso que contiene y almacena la mayor parte del carbono orgánico de la superficie terrestre, con importante incidencia en el balance global de carbono y del equilibrio climático (González-Pérez et al., 2011).

La protección de los suelos, como sistema de soporte, está intrínsecamente ligada a la protección de todos los recursos de la tierra en su conjunto, en especial de aquellos que lo cubren, y su degradación lo afecta de manera inevitable. Es por eso que su cuidado se aborda desde una visión integral, incluyendo su contexto y sus usuarios. La conservación de los suelos es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible (FAO, 2015).

En conformidad con la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía (CNULD), la degradación de las tierras se define como la reducción o la pérdida de la productividad biológica o económica, como consecuencia de los sistemas de uso de la tierra o una combinación de procesos antrópicos y/o naturales. Cuando esta degradación se produce en tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas se denomina desertificación.

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Índice de Aridez, periodo 1981-2020.

La gran variabilidad de las lluvias y la fragilidad de los suelos caracterizan a una gran región del país denominada tierras secas, compuestas por las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Para definir las tierras secas se utiliza el Índice de Aridez (IA) que da una pauta sobre la escasez estacional y/o anual de los recursos hídricos y sobre la susceptibilidad de las tierras a la desertificación y expresa la relación entre la precipitación promedio anual y la evapotranspiración potencial de referencia en un área dada. Los valores de IA se clasifican en zonas climáticas según el criterio propuesto por Hassan y Dregne, del Atlas Mundial de Desertificación (UNEP, 1997) y, en función de esto, se establece como Tierras Secas (TS) aquellas que presentan un IA menor a 0,65 y como Tierras Húmedas (TH), las zonas con un IA mayor a 0,65.
Superficie mensual según los niveles de sequía identificados en la República Argentina, 2022.

Durante los últimos dos años, la República Argentina viene atravesando uno de los peores eventos de sequía de su historia reciente. Expertos la comparan con la sequía de 1944, momento en el cual el caudal del Paraná encontró su menor histórico. Esta falta de agua excepcional en comparación con las condiciones normales en un determinado lugar, debido a la reducción de las lluvias, da un balance hídrico negativo, ya sea por un aumento en la demanda atmosférica de agua debido a las altas temperaturas o por vientos intensos, generando este tipo de eventos. A partir de los reportes generados por la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías (MNMS), durante el año 2022 puede verse cómo las condiciones de sequía en el año se vieron acentuadas severamente durante el mes de enero, en especial en el noreste del país. Durante febrero el riesgo severo de sequía se combinó con un riesgo extremo de incendios, estimándose unas 785 000 hectáreas incendiadas para mediados de ese mes.
Localización de los sitios piloto, 2022.

La degradación de tierras es uno de los mayores problemas ambientales que afecta a la República Argentina que conlleva fuertes consecuencias socioeconómicas. La desertificación es causada principalmente por el manejo ganadero y agrícola inapropiado, así como por la sobreexplotación foresto industrial e implica la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos y una progresiva disminución de la productividad, con el consiguiente deterioro de la calidad de vida de la población rural. Para llevar adelante el entendimiento y el seguimiento de los procesos de degradación de tierras a escala local, el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación (ONDTyD), red interinstitucional presidida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS), articula las acciones de 22 sitios pilotos (SP) localizados en diversos ecosistemas del país con diferentes problemáticas ambientales.

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Bosques

Los bosques son esenciales para la vida en la Tierra. Albergan alrededor del 80 % de la biodiversidad terrestre del mundo, protegen las cuencas hidrográficas, estabilizan los suelos y juegan un papel crítico en la mitigación del cambio climático por actuar como sumideros de carbono. A escala mundial, la superficie de bosques es de aproximadamente 4060 millones de hectáreas, lo que representa nada menos que un 31 % de la superficie de la Tierra (FRA, 2020). Las zonas tropicales poseen la mayor proporción de los bosques del mundo (45 %), mientras que el resto se distribuye en las regiones boreales, templadas y subtropicales. Siendo fundamentales para mantener las condiciones adecuadas para la vida en el planeta, los bosques nativos tienen un valor ecológico, ambiental, social y cultural que trasciende sus límites físicos. Su preservación y adecuado manejo son vitales para garantizar un desarrollo social y económico sostenible. Proveen una variedad de servicios ambientales fundamentales para la vida humana tal como la protección de los recursos hídricos, el cuidado del suelo, la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima, además de funciones culturales y sociales.

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Partida presupuestaria asignada al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) por año, en millones de pesos (2010-2022).

El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos tiene como objeto compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que brindan. El destino de los fondos se distribuye en el 70 % entre poseedores de tierras con bosques nativos (BN) que presenten planes de conservación (PC), planes de manejo sostenible (PM), planes de manejo y conservación (PMyC) o formulación de proyectos (PF); y el 30 % que se destina a fortalecimiento institucional de las autoridades locales de aplicación (ALA). Nota: el Decreto 331/2022 asignó $ 4500 millones de incremento a los recursos asignados para el presupuesto 2022.
Ordenamiento territorial de bosques nativos a nivel nacional, de acuerdo a las distintas categorías de conservación, 2022.

La Ley 26 331 establece que cada jurisdicción debe realizar el OTBN de todas las formaciones boscosas existentes en su territorio, estableciendo diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las diferentes unidades de bosque nativo y los servicios ambientales que estos presten. De esta manera, la superficie boscosa de cada provincia debe clasificarse en tres categorías de conservación, que implican distintas posibilidades de uso: categoría I (alto valor de conservación), categoría II (mediano valor) y categoría III (bajo valor).
Superficie de bosque nativo por categoría de conservación declarada por cada provincia en hectáreas. 2022.

Se observa una amplia heterogeneidad en cuanto a la superficie de bosque por jurisdicción y su composición por categoría de conservación. Se presenta el área incluida en cada una de las categorías de conservación por provincia.
Tasa anual de pérdida de bosque nativo (expresado en porcentaje respecto del total de bosque nativo remanente) en Argentina. 2007-2022.

Desde el año 2008, coincidente con la promulgación de la ley de bosques nativos a fines de 2007, se observa una disminución de la tasa anual de pérdida de bosques hasta el año 2015 (0,34 %), con un marcado descenso en el año 2014. Desde entonces se generó un aplanamiento de la curva en torno a una tasa de pérdida promedio de 0,36 % anual hasta el 2019. En el año 2020 se registra un gran incremento en la tasa de pérdida debido a la ocurrencia de incendios que afectaron grandes extensiones de bosques nativos (54 % de la pérdida total del país), seguido por un descenso a 0,4 % en 2021 y un aumento a 0,48 % en 2022 que se ven reflejadas en la evolución histórica de la superficie de bosque nacional.
Evolución de la superficie de bosque nativo (Tierras Forestales y Otras Tierras Forestales), en millones de hectáreas. 1998-2022.

Se presenta la evolución histórica de la superficie de bosque nacional. Desde el año 2008, coincidente con la promulgación de la ley de bosques nativos a fines de 2007, se observa una disminución de la tasa anual de pérdida de bosques hasta el año 2015.
Pérdida anual de bosque nativo (Tierras Forestales y de Otras Tierras Forestales) por región forestal, en porcentaje. 1998-2022.

La pérdida de bosque nativo desde 1998 se localizó principalmente en la región Parque Chaqueño, donde se encuentran las mayores presiones de reemplazo del bosque para cultivos y ganadería seguida por la región Espinal afectada principalmente por incendios y ganadería. La pérdida de bosque nativo en el periodo 2008-2022 se localizó principalmente en la región Parque Chaqueño (83 %), fundamentalmente en las provincias de Santiago del Estero (27 %), Salta (20 %), Chaco (13 %) y Formosa (13 %)

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Áreas naturales protegidas

Las áreas protegidas (AP) son espacios geográficos terrestres, marinos o costero-marinos que protegen y conservan la biodiversidad, los recursos culturales asociados y las actividades promotoras de desarrollo sostenible. Las mismas son reconocidas a través de instrumentos legales nacionales, provinciales o locales y, en algunos casos, de acuerdos internacionales que los sustentan.

Las AP son un instrumento esencial para la conservación de superficies representativas de ecosistemas, abarcando tanto el mantenimiento del patrimonio natural y cultural como los procesos que los sustentan. Estas áreas constituyen zonas de interés para la investigación y, por su valor paisajístico y turístico, contribuyen al desarrollo local/regional de las comunidades, conformando una parte fundamental de una estrategia de desarrollo sostenible.

Las áreas protegidas de nuestro país presentan una importante heterogeneidad respecto a su estructura y desarrollo; algunas únicamente poseen la normativa por las que fueron creadas y otras cuentan con personal de control, asesoramiento y vigilancia, equipos de investigación, planes de gestión e integración de la población.

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Áreas protegidas por grupos, según jurisdicción, dominio y entidades que las gestionan, 2022.

Según la jurisdicción, dominio y entidades que las gestionan, las áreas protegidas pueden dividirse en tres grandes grupos: > Áreas protegidas nacionales (APN): son aquellas gestionadas por la Administración de Parques Nacionales. > Áreas protegidas provinciales (APP): son territorios protegidos públicos o privados que pueden ser provinciales, municipales, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) o universitarias. > Áreas protegidas con designación internacional (APDI): son zonas incluidas dentro de algún convenio de protección internacional vinculado con el ambiente, el patrimonio cultural y las poblaciones humanas, y suscripto por la República Argentina. Estas áreas se incluyen dentro de la legislación provincial como figuras internacionales de conservación: 1. Sitios Ramsar 2. Bienes de Patrimonio Mundial 3. Reservas de biósfera MaB-UNESCO
Evolución del crecimiento anual de la superficie terrestre protegida, expresado en porcentaje respecto de la superficie continental terrestre (*). Período 1990-2022.

Según los datos registrados en el SiFAP, se observa un crecimiento sostenido de la superficie terrestre protegida desde el año 1990 hasta el año de análisis.
Áreas protegidas terrestres desagregadas por grupos, según jurisdicción, dominio y entidades que las gestionan (APP, APN, APDI). Año 2022.

De las 536 áreas protegidas terrestres, 62 son áreas protegidas nacionales (APN), 428 son áreas protegidas provinciales (APP) y 46 tienen designación internacional (APDI), que en total cubren una superficie de 44 203 352 hectáreas, lo que equivale al 15,90 % del territorio continental argentino.
Mapa de áreas protegidas nacionales gestionadas por la Administración de Parques Nacionales, 2022.

Durante 2022, la Administración de Parques Nacionales administró y gestionó 62 áreas protegidas terrestres (que incluyen nueve áreas costero-marinas), tres áreas marinas protegidas (AMP) y cuatro monumentos naturales de especies (ballena franca austral, taruca, huemul y el yaguareté), concibiendo estos territorios como espacios de conservación del patrimonio natural y cultural, de investigación, de turismo sostenible y de desarrollo local.
Áreas protegidas con designación internacional (APDI) por tipo de convenio internacional y jurisdicción. Año 2022.

Al 31 de diciembre de 2022, las áreas protegidas con designación internacional (APDI) son 46, incluyendo 15 reservas de biósfera, 23 sitios Ramsar y 8 bienes/sitios de Patrimonio Mundial.
Cantidad de áreas protegidas (AP), superficie y porcentaje del territorio protegido terrestre con respecto a cada ecorregión. Año 2022.

El grado de protección del patrimonio natural puede ser expresado como la superficie cubierta por cualquier tipo de AP en relación a la superficie de cada ecorregión. Según los datos del año 2022, las 15 ecorregiones terrestres se dividen en tres grupos de ecorregiones de acuerdo a la representatividad.

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Residuos Sólidos Urbanos

La generación de grandes volúmenes de residuos sólidos urbanos (RSU) conlleva aspectos críticos en todo el país, con requerimientos para su manejo y riesgos sanitarios e impactos ambientales y sociales de relevancia que recrudecen en un modelo económico lineal —no circular— de los residuos y ante usuales limitaciones de los municipios para una gestión inclusiva y sostenible, incluyendo motivos presupuestarios, logísticos, territoriales, institucionales y de participación comunitaria.

En Argentina, la gestión de los RSU está alcanzada por la ley 25.916 de presupuestos mínimos, sancionada en 2004, que establece los presupuestos mínimos para un manejo adecuado de los residuos domiciliarios, a partir de propender a una gestión integral de los mismos, protegiendo el ambiente y la población y minimizando los impactos negativos asociados; promover la valorización de materiales a partir de métodos y procesos adecuados; y procurar la minimización en la generación y en la disposición final de estos residuos. Las provincias y los municipios —a quienes compete la gestión de los residuos, su fiscalización y su control— pueden dictar normas complementarias a las establecidas en la ley. En 2022 esta normativa fue reglamentada por decreto 779/2022.

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Residuos sólidos urbanos provenientes del AMBA y Gran La Plata, ingresados en CEAMSE en miles de toneladas (2015-2022)

Se ha estimado que el volumen de RSU derivado a CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), que incluye municipios del AMBA y otros en la provincia de Buenos Aires, representa un tercio del total del país. Desde 2015 hasta 2018 se advirtió un volumen relativamente constante, incrementándose hasta alcanzar 7,7 millones de toneladas en 2018, para luego continuar descendiendo hasta alcanzar 5,7 millones de toneladas en el último registro. Cabe destacar que las estadísticas que corresponden a los años 2020 y 2021, y que indican una disminución de la cantidad de toneladas anuales ingresadas, tienen su influencia por el contexto de pandemia y su incidencia en la actividad económica y el consumo doméstico
Tipología de RSU ingresados a la CEAMSE. 2021

Se ha reportado que del total de RSU ingresados a centros ambientales de CEAMSE en 2022, de 5 753 253 toneladas. En cuanto a la tipología de RSU ingresados, los materiales orgánicos totalizan el 44,5 % (residuos alimenticios 41,64 % y residuos de jardín 2,85 %); y del remanente de residuos secos se han reportado 18,82 % residuos plásticos; 13,07 % papel y cartón; 4,25 % vidrio; 4,1 % residuos textiles; 1,97 % metales; siendo el remanente otros materiales..
Materiales recuperados en las plantas de tratamiento mecánico-biológico de RSU de CEAMSE, en kg. 2022.

Según información suministrada por CEAMSE relativa al período 2022, de las cantidades de residuos que ingresan a los dos centros ambientales, más de 370 toneladas en Norte III y más de 264 toneladas en Ensenada son tratadas en las plantas de tratamiento mecánico-biológico, en las que las cantidades de material no dispuesto en relleno sanitario alcanzan una media del 75 %.
Equipos entregados a municipios. 2022

Para fortalecer las capacidades de los municipios se realizaron entregas de máquinas para la optimización de la gestión de residuos y mejoras en la capacidad de reciclado. La adquisición de las mismas permite acelerar los procesos de erradicación de basurales y mejorar las condiciones laborales de un eslabón fundamental: los recuperadores/as urbanos.

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Atmósfera

La atmósfera terrestre es una capa gaseosa delgada compuesta principalmente por nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %), con pequeñas cantidades de otros gases como vapor de agua (~4 %) y dióxido de carbono. Aunque la atmósfera se extiende cientos de kilómetros hacia arriba, casi el 99 % se encuentra aproximadamente a 30 km de la superficie. No existe un límite superior definido, sino que la atmósfera se vuelve cada vez más fina hasta eventualmente mezclarse con el espacio exterior. Su estructura vertical está dividida en diferentes capas. La región comprendida entre la superficie y 11 km (aprox.) se denomina troposfera, en donde suceden los fenómenos meteorológicos que conocemos. La temperatura del aire normalmente decrece con la altura debido principalmente al calentamiento radiactivo de la superficie. Por encima de los 11 km, la temperatura media del aire es constante con la altura, zona que se conoce como una capa isotérmica que determina el tope de la troposfera y el comienzo de otra capa denominada estratósfera.

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Anomalías de temperatura media anual, en °C en Argentina, desde 1961 a 2022, con respecto al valor medio 1981-2010.

De acuerdo a los datos oficiales, entre enero y diciembre de 2022 la anomalía de temperatura media estimada a nivel país fue de +0.19 °C con respecto al período climatológico de referencia 1981-2010. Este valor ubicó al 2022 en el puesto 20 de los años más cálidos desde 1961. Cabe destacar que este año fue de los más fríos de la última década. Se caracterizó por comenzar y terminar con eventos de ola de calor extremas, y por un período anómalamente frío durante el otoño e inicios del invierno. También presentó una gran amplitud térmica en las zonas más afectadas por la sequía.
Anomalías porcentuales de precipitación a nivel país desde 1961 a 2022, con respecto al valor medio 1981-2010.

Entre enero y diciembre de 2022 Argentina registró un desvío estimado de -12.8 % con respecto al valor medio 1981-2010, ubicando a 2022 en el puesto 14 de los años más secos desde 1961. En casi todo el centro y norte del país prevalecieron lluvias muy por debajo de lo normal, como así también en el sur patagónico. Por otro lado, el centro y noreste de Patagonia, el sur del NOA y el este de Misiones presentaron los principales excesos.
A nivel mensual, el año comenzó con condiciones más húmedas. Gran parte del otoño y del invierno se presentaron, en promedio, mayormente secos y el mes de junio fue el segundo más seco, a nivel país, desde 1961. El último trimestre del año estuvo caracterizado por registrar lluvias muy por debajo del promedio normal en gran parte de Argentina.
Eventos meteorológicos más destacados del año 2022.

Los eventos meteorológicos más destacados del 2022 esencialmente se relacionan con altas temperaturas, sequías extremas, incendios, olas de calor y nevadas intensas.
Referencias:
1- Precipitación máxima diaria: 2- Sequía extrema e incendios: 3- Sequía extrema: 4- Ciclón extratropical: 5- Lluvias intensas e inundaciones:
6- Ola de frío: 7- Temperatura más baja del año: 8- Nevadas intensas: 9- Ola de calor extrema: 10- Temperatura más alta del año:
Evolución del consumo de los diferentes tipos de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en Argentina, en toneladas métricas (2003-2022).

Los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) son un grupo de sustancias que agotan la capa de ozono usadas mayoritariamente en el sector de refrigeración, en la fabricación de espumas de poliuretano y poliestireno expandido y, en menor medida, en extintores de incendios y aerosoles, y cuyo consumo está controlado por el Protocolo de Montreal (1987). Argentina es parte de dicho protocolo y como tal debe cumplir con los compromisos internaciones asumidos al ratificar el mismo. El cronograma para la eliminación del consumo de los HCFC incluyó el congelamiento de la línea de base de 6261 toneladas a partir del 1 de enero de 2013; un 10 % de reducción a partir del 1 de enero de 2015; un 35 % de reducción del consumo a partir del 1 de enero de 2020, con una reducción próxima del 67,5 % a partir del 1 de enero de 2025 y de un 97,5 % para 2030, hasta su eliminación total en el 2040. Los datos para 2022 evidencian la continuación de la tendencia a la disminución del consumo de HCFC en Argentina iniciada en 2013, con valores inferiores a las 3000 toneladas.
Límites de cumplimiento en el control de producción, realizados en el Laboratorio de Control de Emisiones Gaseosas Vehiculares (LCEGV), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible bajo normativa Euro Va para ensayos en dinamómetro.

En Argentina, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24 449 fue reglamentada en el año 1995 a través del Decreto 779/95 (actual Decreto 32/2018) el cual fija, en su artículo 33, los límites sobre emisiones de contaminantes locales de efectos en la salud (CLES) a los que deben ajustarse los vehículos automotores livianos y pesados nuevos, estableciendo dos figuras de control: la homologación del nuevo modelo a comercializar en el territorio nacional (Resolución MAyDS 1464/2014) y el control de conformidad de los vehículos producidos (Resolución MAyDS 78/2019) por terminales locales o importados, actualmente conforme a estándares Euro 5/V.
Distribución porcentual en la homologación de vehículos por tipo de combustible, 2019-2022.

La homologación de los vehículos por el tipo de combustible muestra un aumento porcentual de los autos eléctricos respecto de otros años. Esta distribución tiene que ver, en general, en la manera en que se van desarrollando las tecnologías a nivel mundial y en particular con cuales son las decisiones que toman las casas matrices, relacionadas con los mercados en América Latina y el tipo de vehículos que deciden ingresar en nuestro país.

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Agricultura, ganadería y pesca

El sector agroalimentario es de fundamental importancia para la economía argentina. La creciente demanda mundial de productos agropecuarios se presenta como una gran oportunidad y significa un impulso para el desarrollo equitativo de las distintas regiones. Este sector es estratégico por su contribución al desarrollo regional y nacional, por su aporte al PBI, a la generación de divisas y de empleo, a la producción de alimentos y al progreso tecnológico (INTA, PEI 2015-2030).

La agricultura argentina se caracteriza por su dinamismo y adopción de tecnologías y prácticas que favorecen la sustentabilidad. Ha sido precursora en la incorporación de la siembra directa, de la biotecnología, en el uso de tecnologías de información y en la agricultura de precisión. Asimismo, existe un crecimiento en la implementación de otros enfoques innovadores como la agroecología y la agricultura o ganadería regenerativa, representando la heterogeneidad de los sistemas productivos.

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Evolución de la superficie agrícola cosechada (en ha) y del rendimiento de los principales cultivos (en kg/ha) de Argentina. 1990-2022

De los 2 791 810 km² continentales de territorio nacional, los cultivos anuales ocupan cerca de 42 millones de hectáreas. La superficie sembrada (incluyendo los doble cultivos) que se destinó a la producción en la campaña 2021/22 alcanzó a 42 620 110 ha, lo que representa un incremento de casi el 1,05 % en relación con la campaña anterior. Del mismo modo que para el caso de la superficie sembrada, la superficie cosechada, aunque representa un volumen menor, muestra una tendencia similar
Evolución de la superficie cultivada en la Argentina, en miles de hectáreas. 1990-2022.

El modelo agrícola de los últimos años fue cambiando en el total del balance de la superficie a nivel país, incrementándose la superficie de cereales en detrimento de las oleaginosas. Por esto es necesario mantener e incentivar un marco de políticas que permitan al productor sostener la diversificación de cultivos, con la inclusión de mayor participación de las gramíneas invernales o estivales realizando de este modo un uso más racional y sostenible del suelo, no solamente desde el punto de vista del balance de carbono sino del resto de los macro y micronutrientes. Los principales cultivos en términos económicos y de superficie en Argentina son la soja, el trigo, el maíz, el girasol, el sorgo, la cebada cervecera, el maní, el poroto seco y el arroz. Del total de la superficie destinada a cultivos extensivos se implantaron con soja 16 094 000 de hectáreas, vale decir, alrededor del 41 % del total del área agrícola dedicada a cultivos extensivos.
Distribución de los núcleos de la agricultura familiar (NAF) en Argentina, por regiones. 2022.

La agricultura familiar es un sector productivo estratégico de nuestro país para el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural. Es una forma de vida que incluye la trasmisión de saberes, prácticas culturales y experiencias de vida asociadas a un modo de producir asociado a la seguridad y la soberanía alimentaria y al autoconsumo. La agricultura familiar campesina y de pueblos originarios actualmente produce el 75 % de los alimentos que se consumen en el país. Sin embargo, lo realizan en el 25 % de la superficie de la tierra. Se considera que su desarrollo territorial permite la reproducción de sus familias en condiciones dignas, evita la migración a las grandes urbes y favorece el arraigo rural. En la Argentina existen 209 168 núcleos de agricultura familiar (NAF) registrados en el RENAF, que integran 401 326 productores familiares. En cuanto a la paridad de género, el 54 % son hombres y el 46 % son mujeres.
Grupos de cambio rural agroecológicos y en transición a la agroecología, por departamento. Diciembre de 2022.

Según el Censo Nacional Agropecuario 2018, 2324 establecimientos agropecuarios declaran realizar prácticas de producción agroecológicas sobre una superficie total de 1 166 327 hectáreas. Otros 409 se dedican a la agricultura biodinámica. Conforme datos de la Coordinación Nacional del Programa Cambio Rural, a diciembre de 2022 existían 42 grupos de cambio rural agroecológicos —integrados por un total de 359 productores— y 85 grupos en transición a la agroecología —integrados por un total de 747 productores— (que da cuenta de un incremento exponencial desde 2001 cuando se registraron 16 y 20 grupos respectivamente.
Evolución de la superficie orgánica cosechada, en hectáreas. 1995-2022

Argentina es el segundo país con la mayor superficie bajo producción orgánica a nivel mundial (luego de Australia), habiendo registrado en 2022 3,9 millones de hectáreas. De ellas 3,6 millones de ha se destinaron a la producción ganadera y 290 000 ha a la producción vegetal. En Argentina, del total de tierras en producción ganadera orgánica, el 95 % se encuentra en la Patagonia y corresponde a la producción ovina extensiva. La superficie orgánica cosechada en Argentina durante el año 2022 creció un 14 % alcanzando las 109 987 hectáreas, sosteniendo la tendencia creciente registrada en los últimos 10 años. En 2022 las legumbres, las oleaginosas y los frutales lideraron el aumento de la superficie cosechada.
Distribución de las plantaciones forestales en Argentina. 2022.

Argentina posee un patrimonio forestal de aproximadamente 1,3 millones de hectáreas de bosques cultivados. Asimismo, al 2022 la superficie con esquemas de certificación de manejo forestal sumaron alrededor de unas 580 000 ha bajo el sistema FSC (Forest Stewardship Council) y unas 358 000 con CERFOAR (Sistema Argentino de Certificación Forestal, homologado con el PEFC) y con certificación de madera controlada, unas 46 000 ha con FSC. Cabe resaltar que dichas superficies certificadas no solo incluyen áreas gestionadas con fines productivos sino también con fines de conservación e incluyen áreas AVC (alto valor de conservación).
Destinos de la madera cultivada para uso industrial, 2021.

Las plantaciones abastecen con un 91 % de materia prima renovable a las industrias de base forestal. Para el año 2021, la producción de rollizos fue de 17 348 660 m3, de los cuales el 74,1 % se destinó a la transformación mecánica, el 22,4 % a la transformación química y el 3,5 % restante de los rollizos cosechados fueron exportados.
Cantidad de cabezas de ganado bovino, porcino, ovino y caprino en la Argentina, por provincia, 2022.

En la Argentina conviven diversos sistemas de producción. En el caso de la ganadería extensiva (bovina, caprina y ovina), los sistemas de producción sostenibles se caracterizan por una mejor alimentación y una mayor eficiencia de producción, que a su vez presentan beneficios ambientales sobre el ciclo hidrológico, el suelo, la biodiversidad de especies nativas, entre otros. Sin embargo, existen prácticas, como el sobrepastoreo en ambientes frágiles o vulnerables, que degradan el ambiente, afectan la biodiversidad y disminuyen la capacidad de los ecosistemas para sostener la producción. En la Argentina la actividad ganadera bovina se concentra principalmente en la región pampeana. El 70 % de la actividad porcina se desarrolla en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, mientras que la ganadería ovina se destaca en la región patagónica y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
Capturas máximas permisibles definidas para las principales especies comerciales y los desembarques registrados, 2022.

La actividad se rige por la Ley Federal de Pesca 24.922 que incorpora, entre sus principios, la sostenibilidad de la actividad pesquera y la conservación a largo plazo de los recursos. La ley contempla aspectos de investigación, conservación y administración de los recursos vivos del mar, un régimen de pesca con capturas máximas permisibles y un sistema de administración por cuotas individuales transferibles de captura, con su correspondiente régimen de infracciones. La regulación de las distintas especies incluye las áreas de pesca, las artes, mínimas de captura y las áreas y épocas de veda. El Consejo Federal Pesquero (CFP) establece las capturas máximas permisibles (CMP) para las especies de ciclo de vida largo, sobre la base de las recomendaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Evolución de los desembarques de capturas marítimas, en porcentaje. 2012-2022

Argentina se encuentra dentro de los 25 países con mayores capturas a nivel mundial (FAO, 2022). Para el país, la pesca marina representó el 0,4 % del PBI en el año 2022 (INDEC, 2023). Los desembarques de la flota argentina durante ese año alcanzaron las 793 513 toneladas. La merluza argentina (Merluccius hubbsi) ha sido el recurso que históricamente ha estructurado productivamente el sector, aunque en los últimos años cobraron mayor relevancia el calamar argentino (Illex argentinus) y el langostino (Pleoticus muelleri). Los principales puertos pesqueros son: Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Puerto Madryn (provincia de Chubut), Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz) y Ushuaia (provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). Las capturas de las principales especies provienen de buques fresqueros de altura (32 %) y congeladores arrastreros ramperos (20 %)
Exportaciones de especies de río, por provincia de origen, 2022.

Prácticamente la totalidad de la producción de la pesca de agua dulce corresponde a la actividad desarrollada en la zona argentina de la Cuenca del Plata, destacándose el volumen extraído en la subcuenca del río Paraná. Se registra pesca artesanal comercial, de subsistencia y recreativa. En Argentina siete son las provincias que tienen jurisdicción sobre la actividad pesquera artesanal que vive de estos recursos: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Según datos de 2022 de los registros de pescadores de las autoridades de aplicación de las esas provincias de la cuenca, existen 8925 pescadores artesanales registrados que trabajan con 4061 embarcaciones o canoas.
Evolución de la producción acuícola en Argentina, por especie, en toneladas de peso vivo. 2006-2021.

La acuicultura en Argentina lleva un siglo desde primeros intentos de producción de peces en estanques y embalses, tiempo en el que se desarrollaron diferentes modelos de producción para el consumo. Tradicionalmente, la actividad jugaba un papel destacado en la cría y reproducción de peces para repoblar cursos de agua, con especies asociadas a la pesca deportiva y recreacional (pejerrey, pacú y trucha). Por ello, muchas provincias e incluso municipios cuentan con estaciones de piscicultura. La acuicultura en nuestro país está experimentando un crecimiento significativo impulsado a partir de políticas y acciones diseñadas para la promoción y el fomento de la actividad, en estrecha vinculación con las provincias, el sector pesquero, la academia y los organismos científicos de investigación y desarrollo

Encuentros regionales para la implementación de la ley de educación ambiental integral. 2022.

Para poner en marcha la elaboración de las estrategias jurisdiccionales de educación ambiental integral (EJEAI), el MAyDS coorganizó en el año 2022, junto con las autoridades de cada provincia, encuentros regionales con los referentes técnicos provinciales, donde se expusieron los principios y fundamentos de la ley de EAI, a la vez que se trabajó en herramientas específicas (tanto de estrategia como de construcción de indicadores) para la elaboración de las EJEAI.
Encuentros provinciales para la implementación de la ley de educación ambiental integral. 2022

Se brindaron capacitaciones específicas y talleres de intercambio en diversas provincias (coorganizados con las jurisdicciones y, en algunos casos, con el equipo técnico de Ministerio de Educación a cargo de la implementación de la ley) durante 2022.
Temáticas abordadas en el marco del ciclo de conversatorios sobre educación ambiental integral del MAyDS. 2022

En el marco de la implementación de la ley, y con el objetivo de dar a conocer y poner en debate los contenidos y alcances de la misma, fundamentalmente en el ámbito informal, la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del MAyDS continuó en 2022 con los conversatorios virtuales denominados “Diálogos compartidos. Implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral” iniciados en 2021. El ciclo contó con la participación de oradores referentes en temas como la organización de la sociedad civil, las organizaciones juveniles, el ámbito universitario, la gestión comunitaria, la ciencia y la tecnología y el arte, entre otros.
Cantidad de aprobados de la capacitación en la Ley Yolanda de los tres poderes. 2022.

En el segundo semestre del año 2022 se dio inicio a las capacitaciones en la Ley Yolanda para las personas que se desempeñan en la función pública. La capacitación, de carácter obligatorio, atiende las temáticas del cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, la eficiencia energética, las energías renovables, la economía circular y el desarrollo sostenible, en conjunto con la normativa ambiental vigente. El curso obtuvo resultados muy satisfactorios; siendo la principal capacitación realizada por los agentes del Estado nacional en el INAP.
Cantidad de inscriptos en la formación de educadores ambientales, por jurisdicción. 2022

El objetivo del programa Capacitaciones para la Acción Ambiental es promover la educación ambiental a ciudadanas y ciudadanos, y fortalecer las capacidades técnicas de los gobiernos locales y de las organizaciones de la sociedad civil de todo el país. Se implementa a través de dos líneas de acción que promueven el cuidado del ambiente y la formación de educadores ambientales territoriales.
Cantidad de inscriptos en la formación de educadores ambientales, por área temática. 2022

La línea de acción Áreas Temáticas ofrece cursos asincrónicos, autoadministrados y abiertos al público. Abarcan distintas temáticas ambientales específicas de interés, a elección del usuario. Cada curso incluye clases grabadas, material de lectura, enlaces de interés y un examen sencillo para su aprobación. Esta capacitación contó, durante el 2022, con un total de 35 315 inscripciones.

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Evaluación Ambiental

La evaluación ambiental (EA) comprende un conjunto de herramientas de gestión que permiten la valoración del ambiente para su comprensión y la toma de decisiones informadas con respecto a una iniciativa, a través de:
- la evaluación de impacto ambiental (EIA) cuando se trata de proyectos, y
- la evaluación ambiental estratégica (EAE) cuando se aplica a políticas, planes o programas gubernamentales.

A este fin, se considera al ambiente como un sistema complejo y dinámico resultante de la interacción de los componentes biótico, abiótico y social en una unidad espacio-temporal.

Su importancia radica en que permite incorporar, verificar y gestionar una iniciativa de desarrollo, considerando los compromisos, los objetivos y los lineamientos ambientales de una manera práctica, tangible y territorial, previos a su implementación.

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Distribución de las consultoras y los consultores individuales inscriptos en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA), por jurisdicción, 2022

El Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental está dirigido a consultoras, consultores y firmas consultoras (incluidas instituciones educativas y científicas) responsables de la realización de estudios de impacto ambiental para proyectos en los que corresponda la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En el año 2022 se emitieron 120 certificados a consultoras y consultores individuales de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
Distribución de las firmas consultoras inscriptas en el Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental (RNCEA), por jurisdicción, 2022.

Se emitieron certificados a ocho firmas consultoras de Buenos Aires, CABA y Chubut. Asimismo, se realizaron 71 renovaciones de inscripciones de consultoras y consultores individuales y 8 de firmas consultoras, conforme a lo previsto en la Resolución SAyDS 102/2019..

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Gestión Local

En un mundo donde más del 57 % de la población vive en ciudades, con una tendencia en crecimiento de este porcentaje, Argentina se caracteriza por encontrarse entre los países más urbanizados: el 92 % de su población es urbana, muy por encima de la media mundial mencionada, superando la media de Europa (75 %), de Estados Unidos (82,2 %) y de la propia región de la que forma parte (83 %) (CEPAL, 2017). Es importante reconocer la vulnerabilidad y la variedad de problemáticas a la que se enfrentan las pequeñas y grandes localidades frente a las consecuencias del cambio climático.

Asimismo, también es fundamental dar cuenta que son áreas estratégicas para aplicar acciones innovadoras, que sobre todo tengan en cuenta la importancia de crear o reformar ciudades que sean resilientes. Algunas de las temáticas en las que es necesario hacer hincapié para lograr el desarrollo urbano sostenible son la gestión y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, la incorporación de medidas de eficiencia energética y de producción de energía mediante fuentes renovables, la promoción del turismo y la movilidad sostenible, así como medidas de innovación y TIC.

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Cantidad de gobiernos locales en Argentina, 2022.

Argentina tiene 2311 gobiernos locales que incluyen municipios, comunas, comisiones de fomento, comisiones municipales, comunas rurales, juntas vecinales y juntas de gobierno autónomas, según la organización político-administrativa de cada provincia.
Porcentaje de municipios por cantidad de población, 2022.

El 48,29 % de los gobiernos locales tiene menos de 2000 habitantes y un 27,78 % tiene entre 2000 y 10 000 habitantes (REFEGLO, 2023). Es decir que más de la mitad de los gobiernos locales del país pueden considerarse pequeños. En muchos casos, el tamaño de los municipios está directamente relacionado con la capacidad que tienen para poner en marcha procesos de desarrollo económico, social y político. Esto implica que la escala municipal ofrece ventajas (o desventajas) para la provisión de servicios públicos.
Cantidad de bienes entregados por jurisdicción en 2022.

Por ser espacios propicios para la vinculación Estado-sociedad, desde el Gobierno nacional se busca brindar acompañamiento a los locales mediante diversas políticas públicas, planes y programas para que den respuestas a las necesidades que enfrentan.
En el año 2022, a través del programa Casa Común para Gobiernos Locales, se desarrollaron distintos tipos de acciones, a saber:
- Acompañamiento y asesoramiento técnico a municipios para la presentación de proyectos.
- Recepción de 104 cartas de adhesión de municipios.
- Transferencia de bienes a 12 instituciones del país (cestos de separación de residuos para interior).
Se entregaron cestos de separación de residuos a instituciones de nueve provincias del país, que consisten en tres recipientes de 20 litros encastrados, con ploteo de diferentes colores para la recolección de papel y cartón, plásticos y vidrios..
Montos comprometidos por provincia en 2022.

Se firmaron ocho convenios con municipios de nuestro país, con un presupuesto comprometido de $ 178 006 529,00. (Morón, El Maitén, Corralito, Las Higueras, Federación, General Pico, Calingasta y Río Grande).
Provincias con municipios con bienes recibidos y/o convenios firmados, 2022.

Provincias con municipios con bienes recibidos y/o convenios firmados en el año 2022.

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Acceso a la Información Ambiental

El acceso a la información pública es un pilar fundamental para el funcionamiento democrático de un país ya que permite a los ciudadanos participar de manera activa en la toma de decisiones, controlar la gestión pública y garantizar la transparencia en la administración gubernamental. En Argentina, este derecho está respaldado por instrumentos internacionales y legislaciones nacionales que buscan promover la apertura y la rendición de cuentas por parte de las instituciones gubernamentales.

Uno de los hitos más significativos en relación con el acceso a la información es el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, aprobado en 2020 mediante la Ley 27 566.

Por otra parte, la Ley 27 275 de Acceso a la Información Pública establece un marco legal para el ejercicio de este derecho. En el mismo sentido, el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, Ley 25 831, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.

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Cantidad de pedidos de información pública ambiental e información pública. 2019-2022

El uso de esta herramienta crece paulatinamente año a año. En efecto, durante el año 2022 se han gestionado 418 solicitudes de información en el marco de las leyes 25 831 y 27 275. En el año 2022 se advierte un incremento de más de un 195 % respecto de la cantidad de solicitudes de información ingresadas en el 2019.
Cabe señalar que este aumento se debe, en mayor medida, a las solicitudes de información pública ambiental (Ley 25 831), entre las cuales se destacan las solicitudes referidas a evaluación de impacto ambiental, bosques nativos, cambio climático, manejo del fuego, entre otras.
Del mismo modo, se desprende que la mayor cantidad de solicitudes tramitadas bajo la Ley 27 275 corresponden a temas relacionados al manejo del fuego, seguidos por recursos humanos, programas, cambio climático, evaluación de impacto ambiental, entre otras.

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Servicio Nacional de Manejo
del Fuego

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) tiene a su cargo la coordinación del Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) y, además, la articulación, la coordinación, la capacitación y la generación de información para la prevención y planificación de las acciones de manejo del fuego en el territorio. Asimismo, cumple un rol importante en las capacitaciones al personal que combate el fuego en el campo y a quienes se desempeñan en las tareas de planificación y prevención, en las diferentes dependencias que integran el sistema federal. Estas formaciones permiten contar con recursos humanos con conocimientos actualizados y estandarizados, para fortalecer las estructuras locales que llevan adelante el trabajo de brindar la primera respuesta ante los incendios y el apoyo al SFMF. Por otra parte, posibilitan generar condiciones seguras para el personal y para el equipo que ellos integran. Una de las herramientas relevantes que lleva adelante el SNMF, de gran importancia para la toma de decisiones y que brinda información para las jurisdicciones, es el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios, a través de la confección de diversos informes en los que se incluyen pronósticos de alertas de forma continua para todo el país.

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Regionales del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Con el objetivo de articular con el Sistema Federal de Manejo del Fuego de una manera planificada y organizada y de lograr optimizar los recursos, desde el SNMF se agruparon las 24 jurisdicciones del país, teniendo en cuenta las temporadas altas de incendios, creándose seis regionales (Centro, NEA, NOA, Norte, Pampeana y Patagonia), gestionada cada una por un coordinador que depende del SNMF.
Cantidad de incendios reportados por mes. 2020-2022.

En cuanto a la cantidad de incendios reportados por las jurisdicciones, en el año 2022 se repitió el mismo patrón que en años anteriores en cuanto a la temporada de incendios, siendo julio, agosto, septiembre y octubre los meses en que se produce la mayor cantidad.
Superficie afectada por incendios, por jurisdicción, en hectáreas. 2020-2022.

Si bien en el año 2022 la superficie afectada por incendios, según los reportes de las jurisdicciones al SNMF, disminuyó un 36,17 % con respecto al año 2020, se registró un aumento del 126,29 % con respecto al año 2021, con incrementos en 18 de las 24 jurisdicciones.
Superficie afectada por incendios de pastizales

El año 2022 presentó una cantidad inusitada de incendios simultáneos en el Delta del Paraná que, en determinadas épocas del año, saturó los servicios de respuesta locales, provinciales y nacionales en un contexto de sequía histórica a escala nacional. Frente a esto el Ministerio de Ambiente de la Nación generó información georreferenciada de gran relevancia que fue presentada ante la justicia de Entre Ríos para colaborar en la identificación de los responsables de los incendios en esa zona.
Por su parte, hay factores climáticos que inciden en la propagación del fuego como la falta de precipitaciones, las elevadas temperaturas, el bajo porcentaje de humedad, las constantes heladas y los fuertes vientos. Estas condiciones implican un estado de alerta que lleva a extremar las precauciones.
En aquellas situaciones en las que la superficie informada por las jurisdicciones difiere en gran medida con los eventos que se desarrollan en territorio, y sobre todo cuando hay colaboración del SNMF y/o del SFMF, desde el Servicio Nacional se genera información como resultado del seguimiento y actividades de monitoreo.
Cantidad de focos de calor con confianza nominal por año. 2015-2022.

Los focos de calor son anomalías térmicas que se detectan mediante sensores satelitales. En relación a estos existe consenso a nivel mundial de que son indicadores confiables de actividad de fuego. Cabe aclarar que la calidad de los resultados depende de ciertos factores a tener en cuenta que son limitantes de la herramienta a la hora del análisis. Estos son:
• la cobertura nubosa, que puede impedir la detección de la anomalía;
• el lapso de tiempo del satélite, que pasa dos veces al día, y
• los falsos positivos, que pueden ser producto de venteos de gas y refinerías.
En los años 2020 y 2022 se registró la mayor cantidad de focos de calor del período 2015-2022.
Cantidad de focos de calor con confianza nominal y alta, acumulada, por jurisdicción. 2015-2022.

Analizando el acumulado de los ocho años, se observa que en las provincias de Santa Fe, Formosa, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero se presentó la mayor cantidad de focos de calor.
Presupuesto del SNMF, en millones de pesos. 2020-2022.

El financiamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego se ha incrementado año a año. El aumento presupuestario ha sido posible por dos factores principales. En primer lugar, la previsibilidad de fondos que brinda la modificación de la Ley 26 815, en su artículo 30, a través de la cual se crea una contribución obligatoria del tres por mil de las primas de seguros (excepto las del ramo vida) a cargo de las aseguradoras para el Fondo Nacional del Manejo del Fuego.
Esto permite generar una masa de fondos constantes que ingresará todos los años, brindando previsibilidad al sector y garantizando el financiamiento del SNMF. Además, el Poder Ejecutivo ha incrementado las partidas para el área en el marco de la emergencia ígnea establecida en el Decreto 6/22.
El año 2022 tuvo un presupuesto de 13 890 millones de pesos, nuevamente con un importante aumento en función a los años anteriores.

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Ambiente y Género

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) y la Administración de Parques Nacionales trabajan en el fortalecimiento y la transversalización de la perspectiva de género y diversidades en sus políticas públicas ambientales.

Durante el año 2022 se avanzó en acciones concretas que permitieron profundizar e institucionalizar las medidas y proyectos en ejecución.

En marzo del 2022 se creó el Programa Ambiente + Diverso, dependiente de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional para formalizar el espacio desde el cual se impulsaban las políticas ambientales con perspectiva de género. El mismo se constituyó como un instrumento ordenador y promotor de las distintas acciones, con los siguientes objetivos generales:
a. Incorporar y fortalecer la perspectiva de género y diversidad en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como componente transversal en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas ambientales.
b. Favorecer la participación y las acciones de las organizaciones de la sociedad civil en materia de ambiente, géneros y desarrollo sostenible.

Entre las acciones llevadas a cabo se mencionan:

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Ciclo de conversatorios

El ciclo de conversatorios iniciado en 2020 tuvo continuidad a través de cinco transmisiones en vivo por el canal de YouTube del Ministerio. En estas se abordaron los temas que se muestran en la tabla.
Acciones territoriales

Entre las políticas más trascendentales desarrolladas en distintos lugares del territorio nacional, la perspectiva de género cobra relevancia particularmente en las acciones que se muestran en la tabla.
Otras acciones
G

Algunas otras acciones generales que dan cuenta del trabajo en materia de género y ambiente son las que se muestran en la tabla.
Acciones de la Administración de Parques Nacionales

Por su parte, la Administración Nacional de Parques Nacionales impulsó la implementación de la perspectiva de género y diversidad a través de su Comité Asesor de Políticas de Género, Igualdad y Diversidad, conformado por referentes de las Direcciones Nacionales, Regionales y Generales y por los enlaces de las áreas protegidas. Algunas de las políticas que se desarrollaron en el 2022 se muestran en la tabla.

Actividades para la implementación del PRI

El PRI se implementa a través del diseño, a medida, de planes de actividades acordes a las necesidades de cada empresa y sobre la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental, tanto en las industrias como en las empresas de servicios, haciendo uso de las estrategias que se muestran en la tabla.
Reactor anaeróbico con posibilidad de recuperación de metano para efluentes de la industria citrícola, 2022.

Dentro de los rubros industriales alcanzados por el PRI se pueden mencionar: ingenios azucarero-alcoholeros, citrícolas, frigoríficos, papeleras, tratamiento de líquidos cloacales, generación de energía, elaboración de productos de madera y alimenticias.
Algunos ejemplos de resultados alcanzados mediante la implementación de acciones técnicas

La tabla muestra, a modo de ejemplo, algunos de los resultados alcanzados mediante la implementación de las acciones técnicas, que continúan en fase de optimización y en constante revisión.

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Autoridades

Presidente de la Nación

Alberto Fernández
Vicepresidenta de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner
Jefe de Gabinete de Ministros

Agustín Rossi
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Juan Cabandié
Titular de la Unidad Gabinete de Asesores

Juan Manuel Vallone
Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales

Beatriz Domingorena
Secretario de Control y Monitoreo Ambiental

Sergio Federovisky
Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación

Cecilia Nicolini
Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional

Nicolás Fernández
Director de Seguimiento de Gestión de la Unidad del Gabinete de Asesores

Guido Nicolás Álvarez
Directora de Prensa y Comunicación

Brenda Romero

Prólogo

El cuidado del ambiente en nuestro país resulta prioridad y política de Estado, de acuerdo con los postulados de la Constitución de la Nación. Durante los casi cuatro años en los que hemos tenido el honor y la responsabilidad de conducir la cartera ambiental, avanzamos y profundizamos las políticas de conservación de nuestros ecosistemas, creando y ampliando parques nacionales, aumentando, además, los recursos presupuestarios para un mejor cuidado de los bosques nativos. Promovimos la sostenibilidad en los procesos socioproductivos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible y ampliamos nuestros compromisos climáticos a nivel internacional. Además, reconstruimos el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, realizando una inversión histórica que nos permite cuidar nuestros ecosistemas frente a la mayor recurrencia de fenómenos climáticos extremos que genera el cambio climático.

En relación a las acciones vinculadas a la preservación de los ecosistemas, la superficie terrestre de los parques nacionales aumentó un 15 %, con la incorporación de más de 700 mil hectáreas bajo su órbita. En total, creamos cuatro nuevas áreas protegidas: el Parque Nacional Ansenuza (Córdoba), el Parque Nacional Islote Lobos (Río Negro), el Parque Nacional Laguna El Palmar (Chaco) y el Parque Federal Campo San Juan (Misiones). Además, ampliamos dos parques nacionales: el Parque Nacional Predelta (Entre Ríos) y Parque Nacional Aconquija (Tucumán) y se crearon dos reservas: la Reserva Natural Silvestre Marismas del Tuyú (Bs. As.) y la Reserva Natural Educativa de Embalse (Córdoba). En este sentido, avanzan en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales una serie de proyectos que avanzan en el cumplimiento del compromiso de conservar y gestionar de forma efectiva el 30 % de la superficie del planeta para 2030, acordado en la 15.a Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, pusimos en marcha un programa de cuidado de paisajes, con una inversión de USD 60 millones otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), permitiendo asumir un compromiso histórico en materia de áreas protegidas.

En lo referente a la gestión de residuos, recuperamos los niveles de ejecución del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar acciones GIRSU, lo cual ha permitido conseguir nuevos fondos que permiten planificar inversiones en el mediano y largo plazo. En total, pusimos en marcha diez centros ambientales y equipamos más de 150 municipios con maquinaria que permite mejorar la capacidad de reciclado y sanear microbasurales a cielo abierto. Además, se reglamentó la ley 25.916 que propicia la economía circular, aprobando el código unificado de colores para la clasificación de los residuos domiciliarios, estableciendo así parámetros comunes para todo el país.
Ejecutamos un fuerte plan de inversiones para fortalecer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y los organismos que participan del sistema de combate de incendios forestales. Se crearon dos bases del SNMF, se duplicó la cantidad de brigadistas y se brindaron capacitaciones. Asimismo, implementamos un Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana a través de la Red de Faros de Conservación para la detección temprana de incendios en todo el territorio nacional. También adquirimos cuatro centros de operaciones móviles y cuatro campamentos móviles, junto a vehículos, equipamiento y maquinaria. También firmamos convenios para equipar a todas las provincias de modo de fortalecer el sistema a nivel federal.

En materia de bosques nativos, los fondos de la ley 26.331 para proteger esos ecosistemas forestales crecieron 17 veces entre 2019 y 2022. Además, se inició la ejecución de una donación por USD 82 millones del Fondo Verde del Clima que beneficia a todas las provincias del país. Ambas acciones permiten consolidar el espíritu federal de las políticas de protección de nuestros ecosistemas.

Profundizamos las acciones de protección de la biodiversidad en materia de humedales, glaciares y otros ecosistemas. Se prorrogó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, y se aprobó la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.

Durante la 26.a Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26), nuestro país presentó la nueva meta de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) que define las metas de emisiones de gases de efecto invernadero. La NDC presentada es un 27,7 % más ambiciosa que la elaborada en 2016. Este compromiso significa que para el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero deben representar 349,16 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente), meta que se encuentra en línea con los postulados del Acuerdo de París manteniendo la variación de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Además, se presentó la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo a 2050 que tiene como meta alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero a mitad del siglo XXI. De manera complementaria, se aprobó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, definiendo un plan de acción al 2030, tal cual lo establece la Ley 27.520 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Cabe señalar que nuestro país ha planteado en todos los foros internacionales la imperiosa necesidad de cumplir con el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, reclamando a los países desarrollados el cumplimiento efectivo de sus compromisos de financiamiento en materia ambiental y climática, de modo que los países en desarrollo cuenten con recursos suficientes para avanzar en las transiciones productivas y energéticas hacia un modelo sostenible.

La educación ambiental ha resultado prioridad para nuestra gestión. En un hecho histórico, y a través de una iniciativa del Poder Ejecutivo, se sancionó la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral que permite garantizar la educación ambiental en todos los niveles educativos. La norma también contempla la educación no formal e informal como herramienta necesaria para establecer conciencia ambiental y nuevos paradigmas sostenibles en toda la sociedad.

Además, se avanza en la capacitación en materia ambiental del personal de la Administración Pública Nacional, en el marco de la Ley Yolanda 27.592. Desde su inicio e implementación, las formaciones superaron los 50.000 agentes pertenecientes a los tres poderes del Estado nacional. Finalmente, se incorporó el Acuerdo Regional de Escazú a la estructura jurídica nacional, mediante la ley 27.566. Escazú resulta el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Esta herramienta legal amplía el concepto de democracia, en tanto promueve la participación y el involucramiento de la sociedad civil brindando mecanismos concretos para la adopción de políticas ambientales.
En síntesis, durante la gestión se consolidó una política ambiental integral generando nuevas capacidades en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Políticas que se deben seguir desarrollando y fortaleciendo para cumplir con los nuevos paradigmas ambientales y las demandas crecientes de nuestra sociedad.

La siguiente publicación contiene la octava edición del Informe del estado del ambiente correspondiente al año 2022, dando cuenta así de lo establecido por la Ley General del Ambiente 25.675 en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente. Tenemos la convicción de que el acceso a la información es un derecho de cada uno de los ciudadanas y ciudadanos argentinos; así como es esencial que la sociedad cuente con información sustancial sobre la situación ambiental existente en nuestro territorio.

El Ministerio está comprometido a seguir trabajando de forma federal, transparente y participativa. Es nuestro deber cuidar el planeta, nuestra casa común, ya que de nuestras acciones depende el futuro de las nuevas generaciones.

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Equipo de realización

Asesoría técnica

Silvia Chiavassa

Marcelo Quatraro

Fabián Scagnetti

Rodolfo Puerta
Producción

Carolina Marcucci

Vanesa Marín

Vanina Osci

Sol Luján
Diseño y desarrollo web

Julián Eduardo Orrillo

Diego Barrio
Corrección

Maria Laura Spina

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Ediciones anteriores

2012

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Autoridades

Presidente de la Nación

Alberto Fernández
Vicepresidenta de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner
Jefe de Gabinete de Ministros

Agustín Rossi
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Juan Cabandié
Titular de la Unidad Gabinete de Asesores

Juan Manuel Vallone
Secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales

Beatriz Domingorena
Secretario de Control y Monitoreo Ambiental

Sergio Federovisky
Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación

Cecilia Nicolini
Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional

Nicolás Fernández
Director de Seguimiento de Gestión de la Unidad del Gabinete de Asesores

Guido Nicolás Álvarez
Directora de Prensa y Comunicación

Brenda Romero

Equipo de realización

Asesoría técnica

Silvia Chiavassa

Marcelo Quatraro

Fabián Scagnetti

Rodolfo Puerta
Producción

Carolina Marcucci

Vanesa Marín

Vanina Osci

Sol Luján
Diseño y desarrollo web

Julián Eduardo Orrillo

Diego Barrio
Corrección

Maria Laura Spina

Prólogo

El cuidado del ambiente en nuestro país resulta prioridad y política de Estado, de acuerdo con los postulados de la Constitución de la Nación. Durante los casi cuatro años en los que hemos tenido el honor y la responsabilidad de conducir la cartera ambiental, avanzamos y profundizamos las políticas de conservación de nuestros ecosistemas, creando y ampliando parques nacionales, aumentando, además, los recursos presupuestarios para un mejor cuidado de los bosques nativos. Promovimos la sostenibilidad en los procesos socioproductivos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible y ampliamos nuestros compromisos climáticos a nivel internacional. Además, reconstruimos el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, realizando una inversión histórica que nos permite cuidar nuestros ecosistemas frente a la mayor recurrencia de fenómenos climáticos extremos que genera el cambio climático.

En relación a las acciones vinculadas a la preservación de los ecosistemas, la superficie terrestre de los parques nacionales aumentó un 15 %, con la incorporación de más de 700 mil hectáreas bajo su órbita. En total, creamos cuatro nuevas áreas protegidas: el Parque Nacional Ansenuza (Córdoba), el Parque Nacional Islote Lobos (Río Negro), el Parque Nacional Laguna El Palmar (Chaco) y el Parque Federal Campo San Juan (Misiones). Además, ampliamos dos parques nacionales: el Parque Nacional Predelta (Entre Ríos) y Parque Nacional Aconquija (Tucumán) y se crearon dos reservas: la Reserva Natural Silvestre Marismas del Tuyú (Bs. As.) y la Reserva Natural Educativa de Embalse (Córdoba). En este sentido, avanzan en el Congreso de la Nación y en las legislaturas provinciales una serie de proyectos que avanzan en el cumplimiento del compromiso de conservar y gestionar de forma efectiva el 30 % de la superficie del planeta para 2030, acordado en la 15.a Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Además, pusimos en marcha un programa de cuidado de paisajes, con una inversión de USD 60 millones otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), permitiendo asumir un compromiso histórico en materia de áreas protegidas.

En lo referente a la gestión de residuos, recuperamos los niveles de ejecución del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar acciones GIRSU, lo cual ha permitido conseguir nuevos fondos que permiten planificar inversiones en el mediano y largo plazo. En total, pusimos en marcha diez centros ambientales y equipamos más de 150 municipios con maquinaria que permite mejorar la capacidad de reciclado y sanear microbasurales a cielo abierto. Además, se reglamentó la ley 25.916 que propicia la economía circular, aprobando el código unificado de colores para la clasificación de los residuos domiciliarios, estableciendo así parámetros comunes para todo el país.

Ejecutamos un fuerte plan de inversiones para fortalecer el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y los organismos que participan del sistema de combate de incendios forestales. Se crearon dos bases del SNMF, se duplicó la cantidad de brigadistas y se brindaron capacitaciones. Asimismo, implementamos un Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana a través de la Red de Faros de Conservación para la detección temprana de incendios en todo el territorio nacional. También adquirimos cuatro centros de operaciones móviles y cuatro campamentos móviles, junto a vehículos, equipamiento y maquinaria. También firmamos convenios para equipar a todas las provincias de modo de fortalecer el sistema a nivel federal.

En materia de bosques nativos, los fondos de la ley 26.331 para proteger esos ecosistemas forestales crecieron 17 veces entre 2019 y 2022. Además, se inició la ejecución de una donación por USD 82 millones del Fondo Verde del Clima que beneficia a todas las provincias del país. Ambas acciones permiten consolidar el espíritu federal de las políticas de protección de nuestros ecosistemas.

Profundizamos las acciones de protección de la biodiversidad en materia de humedales, glaciares y otros ecosistemas. Se prorrogó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su Plan de Acción, y se aprobó la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.

Durante la 26.a Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 26), nuestro país presentó la nueva meta de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) que define las metas de emisiones de gases de efecto invernadero. La NDC presentada es un 27,7 % más ambiciosa que la elaborada en 2016. Este compromiso significa que para el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero deben representar 349,16 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente), meta que se encuentra en línea con los postulados del Acuerdo de París manteniendo la variación de la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Además, se presentó la Estrategia de Desarrollo Resiliente con Bajas Emisiones a Largo Plazo a 2050 que tiene como meta alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero a mitad del siglo XXI. De manera complementaria, se aprobó el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, definiendo un plan de acción al 2030, tal cual lo establece la Ley 27.520 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Cabe señalar que nuestro país ha planteado en todos los foros internacionales la imperiosa necesidad de cumplir con el principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, reclamando a los países desarrollados el cumplimiento efectivo de sus compromisos de financiamiento en materia ambiental y climática, de modo que los países en desarrollo cuenten con recursos suficientes para avanzar en las transiciones productivas y energéticas hacia un modelo sostenible.

La educación ambiental ha resultado prioridad para nuestra gestión. En un hecho histórico, y a través de una iniciativa del Poder Ejecutivo, se sancionó la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral que permite garantizar la educación ambiental en todos los niveles educativos. La norma también contempla la educación no formal e informal como herramienta necesaria para establecer conciencia ambiental y nuevos paradigmas sostenibles en toda la sociedad.

Además, se avanza en la capacitación en materia ambiental del personal de la Administración Pública Nacional, en el marco de la Ley Yolanda 27.592. Desde su inicio e implementación, las formaciones superaron los 50.000 agentes pertenecientes a los tres poderes del Estado nacional. Finalmente, se incorporó el Acuerdo Regional de Escazú a la estructura jurídica nacional, mediante la ley 27.566. Escazú resulta el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Esta herramienta legal amplía el concepto de democracia, en tanto promueve la participación y el involucramiento de la sociedad civil brindando mecanismos concretos para la adopción de políticas ambientales.

En síntesis, durante la gestión se consolidó una política ambiental integral generando nuevas capacidades en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Políticas que se deben seguir desarrollando y fortaleciendo para cumplir con los nuevos paradigmas ambientales y las demandas crecientes de nuestra sociedad.

La siguiente publicación contiene la octava edición del Informe del estado del ambiente correspondiente al año 2022, dando cuenta así de lo establecido por la Ley General del Ambiente 25.675 en articulación con el Consejo Federal de Medio Ambiente. Tenemos la convicción de que el acceso a la información es un derecho de cada uno de los ciudadanas y ciudadanos argentinos; así como es esencial que la sociedad cuente con información sustancial sobre la situación ambiental existente en nuestro territorio.

El Ministerio está comprometido a seguir trabajando de forma federal, transparente y participativa. Es nuestro deber cuidar el planeta, nuestra casa común, ya que de nuestras acciones depende el futuro de las nuevas generaciones.

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Ediciones anteriores

Informe del estado del ambiente 2022

Suelo

Ambientes acuáticos

Atmósfera

Biodiversidad

Bosques

Áreas naturales protegidas

Cambio climático

Residuos y Sustancias y Productos Químicos

Residuos Peligrosos

Residuos Sólidos Urbanos

Residuos Sólidos Urbanos

Sustancias y Productos químicos

Actividades Productivas

Agricultura, ganadería y pesca

Energía

Minería

Herramientas para la gestión ambiental

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Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Servicio de Manejo del Fuego

Ambiente y Género

Programa de Reconversión Industrial

Provincia receptora de los residuos peligrosos, excluyendo Y1, en porcentaje. 2022.

Destino de los residuos Y1 para su tratamiento, según los registros de movimientos interjurisdiccionales, en toneladas, 2022.

Cantidad de operadores durante el periodo 2016-2022.

Residuos tratados según tipo de operación de eliminación, en toneladas. 2022.

Operaciones de residuos peligrosos habilitadas por jurisdicción. 2022.

Eliminación de residuos contaminados con PCB por tipo de tratamiento, en toneladas, 1994-2022.

Gestión de residuos de pilas y baterías en el marco de la Ley 24 051, en toneladas. 2022.

Consumo final de energía según forma de aprovisionamiento, 2022.

Generación hidroeléctrica en Argentina, en GWh, 2005-2022.

Generación renovable por tipo de tecnología, 2022.

Potencia y generación de energía a partir de fuentes renovables en Argentina, 2022.

Demanda eléctrica por categoría en Argentina en GWh, 2021 y 2022.

Principales productos químicos con una producción o consumo aparente superior a las 50 000 toneladas anuales en Argentina, en toneladas, 2022.

Ubicación de los principales polos industriales con relevancia en la producción y uso de sustancias y productos químicos en Argentina, 2022

Producción de productos químicos básicos e intermedios en Argentina, en toneladas (2010-2022).

Distribución del volumen de producción de plástico en Argentina, por provincia. 2021.

Distribuciones de las emisiones y liberaciones de dioxinas y furanos por vector de emisión, en porcentaje. 2017.

Síntesis de los principales acuerdos internacionales suscritos por Argentina en relación a las sustancias, productos químicos y desechos.

Cuencas hídricas provinciales e interjurisdiccionales de Argentina, 2022.

Sitios de muestreo de la zona costera del Río de la Plata, muestreos realizados por la RIIGLO, 2022.

Parámetros determinados en los sitios de Monitoreo para calcular el ICA, 2022.

Cuenca del río Salí-Dulce, 2021.

Mapa de regiones de humedales de Argentina.

Sitios Ramsar de la Argentina, por superficie, ubicación y año de designación. 2022.

Cantidad, tipo y área de glaciares por provincia. 2018

Categorías del estado de conservación de mamíferos autóctonos de Argentina, en porcentaje, según Resolución MAyDS 316/21.

Categorías del estado de conservación de reptiles de Argentina, en porcentaje, según Resolución SAyDS 1055/2013.

Categorías del estado de conservación de anfibios de Argentina, en porcentaje, según Resolución SAyDS 1055/2013.

Categorías del estado de conservación de aves de Argentina, en porcentaje, según Resolución MAyDS 795/17.

Restos de algunos de los ejemplares (carcazas) afectados por los incendios en el Parque Nacional Iberá.

Cantidad de ejemplares muertos en relación a la distancia de la transecta de origen, 2022.

Ejemplares muertos por grupo taxonómico, en porcentaje, 2022.

Playa Fracasso, sitio Ramsar Humedales de Península Valdés, Chubut, 2014. / Petrel gigante (Macronectes giganteus) en Isla de los Estados, Tierra del Fuego, 2018.

Participación relativa de las exportaciones mineras argentinas por tipo de mineral. 2022.

Valor de las exportaciones argentinas totales, por rubros, en millones de dólares, 1992-2022.

Operaciones y proyectos avanzados de minería metalífera, 2022

Operaciones y proyectos avanzados de litio y potasio, 2022.

Establecimientos mineros no metalíferos y rocas de aplicación, según destino principal de la producción, 2022.

Línea de tiempo de hitos internacionales de Argentina en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 2022.

Distribución sectorial de las emisiones de GEI, en porcentaje, 2018.

Emisiones de GEI por subsector, 2018.

Diagrama de distribución por uso final, 2018.

Índice de Aridez, periodo 1981-2020.

Superficie mensual según los niveles de sequía identificados en la República Argentina, 2022.

Localización de los sitios piloto, 2022.

Partida presupuestaria asignada al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) por año, en millones de pesos (2010-2022).

Ordenamiento territorial de bosques nativos a nivel nacional, de acuerdo a las distintas categorías de conservación, 2022.

Superficie de bosque nativo por categoría de conservación declarada por cada provincia en hectáreas. 2022.

Tasa anual de pérdida de bosque nativo (expresado en porcentaje respecto del total de bosque nativo remanente) en Argentina. 2007-2022.

Evolución de la superficie de bosque nativo (Tierras Forestales y Otras Tierras Forestales), en millones de hectáreas. 1998-2022.

Pérdida anual de bosque nativo (Tierras Forestales y de Otras Tierras Forestales) por región forestal, en porcentaje. 1998-2022.

Áreas protegidas por grupos, según jurisdicción, dominio y entidades que las gestionan, 2022.

Evolución del crecimiento anual de la superficie terrestre protegida, expresado en porcentaje respecto de la superficie continental terrestre (*). Período 1990-2022.

Áreas protegidas terrestres desagregadas por grupos, según jurisdicción, dominio y entidades que las gestionan (APP, APN, APDI). Año 2022.

Residuos
Sólidos
Urbanos

Servicio de
Manejo del Fuego